por Patricia Guerrero Medina
(Reescribe historia, actualiza con detalles)
Infosel, octubre. 17.- El gobierno de México fijó la meta de 30 meses para que den inicio las operaciones comerciales del nuevo aeropuerto comercial en la base aérea militar de Santa Lucía, la piedra angular del plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para solucionar la saturación aérea del Valle de México, una decisión que no ha carecido de cuestionamientos sobre su viabilidad y desarrollo.
La fecha, 21 de marzo de 2022, cuando se conmemore el 216 aniversario del natalicio del expresidente Benito Juárez --su mayor referencia histórica-- fue revelada hoy por el presidente en la ceremonia de inicio de los trabajos de construcción celebrada desde las instalaciones de la base asentada en el Estado de México.
"Estaba haciendo la cuenta y vamos a estar inaugurando este aeropuerto en abril de 2022. Si ya andamos en esto voy a pedir que . . . procuremos inaugurarlo el 21 de marzo de 2022", dijo el mandatario en el evento de inicio de los trabajos. "Vamos a contar para esa fecha con un sistema aeroportuario metropolitano".
La fecha, fijada por el jefe del Ejecutivo contrastó con lo dicho por él un par de horas antes durante su conferencia de prensa matutina, cuando dijo que las obras concluirían en 2021, idea que han repetido otros funcionarios de la actual administración, como el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú.
La modificación podría radicar en la complejidad que representará el desarrollo del proyecto, cuya construcción tomará dos años, pero también en el tiempo que llevará conseguir todas las certificaciones y validaciones necesarias para su operación, de acuerdo a lo detallado por el general de brigada ingeniero constructor, Gustavo Ricardo Vallejo, comandante del agrupamiento de ingenieros Santa Lucía y encargado del proyecto, durante la ceremonia.
El aeropuerto, que llevará por nombre Felipe Ángeles, forma parte de una red de terminales aéreas --que también contempla a los aeropuertos internacionales de Ciudad de México y Toluca-- con las que el gobierno mexicano busca aliviar la saturación aérea del Valle de México.
También es parte de la alternativa a la construcción de un megaaeropuerto en los terrenos del antiguo Lago de Texcoco, iniciada por la administración federal anterior y que finalmente fue cancelada el año pasado tras una polémica consulta ciudadana.
El banderazo a las obras de construcción fue dado un día después de que un tribunal colegiado dejó sin efecto la última de las siete suspensiones definitivas obtenidas por el colectivo #NoMásDerroches, que había logrado retrasar el inicio de los trabajos por varias semanas mediante amparos.
Como en ocasiones anteriores, el presidente López Obrador calificó los recursos legales promovidos por el grupo de sabotaje legal.
No obstante la falta de impedimentos legales, para la agrupación conformada por varias organizaciones civiles, la viabilidad del proyecto y el cumplimiento de todos los requisitos legales, ambientales y sociales para su desarrollo, aún son cuestionables.
"De iniciarse la construcción sin cumplir con todos los requisitos legales para construir un aeropuerto internacional, se estará incurriendo en irregularidades que, además de implicar un derroche injustificado de recursos públicos, podría poner en riesgo la vida e integridad tanto de quienes eventualmente transiten por dicho aeropuerto como de las comunidades que viven en las zonas aledañas", dijo el colectivo en un comunicado, tras conocer la decisión del tribunal.
Entre las disposiciones legales que, de acuerdo al colectivo, aún no supera el aeropuerto están la elaboración de un análisis de costo-beneficio y la presentación de un proyecto ejecutivo y plan maestro de la obra que otorgó a la compañía francesa ADP Ingénierie. Tampoco está claro si el gobierno mexicano cuenta ya con el estudio de aeronavegabilidad encargado a la compañía francesa NAVBLUE para conocer la factibilidad de la operación del aeropuerto de manera simultánea con las terminales de Ciudad de México y Toluca.
Otro factor criticado por #NoMásDerroches es la decisión de encargar el proyecto a la Secretaría de la Defensa Nacional, o Sedena, pese a que el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos establece que sólo sociedades mercantiles con el título de concesión pueden construir aeropuertos con operaciones civiles.
No obstante, el presidente López Obrador sostuvo que el proyecto estará a cargo de Sedena y requerirá de una inversión de 75 mil millones de pesos (tres mil 910 millones de dólares), los cuales ya se tienen, lo que garantizará la continuidad de las obras.
"Es el inicio de una obra importante y también es el poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los problemas con eficiencia, austeridad, honestidad", dijo el mandatario en el arranque de los trabajos. "Hoy es un día histórico".
