Por Hugh Bronstein
BUENOS AIRES, 24 jun (Reuters) - El proyecto de Argentina de expropiar a la agroexportadora Vicentin está puesto "en pausa" mientras el Gobierno explora alternativas para el destino de la compañía en concurso, entre ellas una posible sociedad público-privada, dijeron el miércoles fuentes con conocimiento del tema.
Las fuentes, que pidieron no ser identificadas, agregaron que agricultores a los que Vicentin les debe dinero podrían terminar como accionistas de la empresa, que ha recibido pedidos de quiebra por parte de acreedores tras declarase en 'default' a fines del 2019.
El presidente argentino Alberto Fernández decretó a inicio de mes la intervención de Vicentin y anunció que enviaría un proyecto de ley para expropiar a la compañía, que el año pasado fue la principal exportadora de harina y aceite de soja de Argentina. embargo, la iniciativa expropiadora ha sido puesta en pausa luego de que el Gobierno de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra la sede de Vicentin, realizó una propuesta a la Justicia para hacerse cargo de la intervención estatal. su parte, un juzgado local el viernes dispuso la restitución de los administradores originales de la compañía. rechaza el proyecto de la provincia de Santa Fe. No está interesado en él y no reconoce a la agencia de intervención propuesta", dijo una fuente cercana a la empresa.
El interventor de Vicentin designado por el Gobierno, Gabriel Delgado, dijo a periodistas que el Estado era el garante final de sostener los empleos y la salud del sector exportador en momentos en que el país se encuentra en una recesión agravada por los efectos de la pandemia del coronavirus.
"El Estado esta buscando todas las alternativas que garanticen la recuperación de la empresa. El mercado en seis meses no encontró una solución y ahora se está accionando para solucionar un problema de empleo y de producción en momentos muy difíciles para la economía Argentina", señaló Delgado.
Vicentin tiene una deuda comercial de más de 300 millones de dólares y debe más de 1.000 millones de dólares a entidades financieras. (Reporte de Hugh Bronstein; Reporte adicional de Maximilian Heath; Editado por Jorge Otaola)