por Michelle del Campo
Infosel, mayo. 19.- Durante una de las últimas giras realizadas por Andrés Manuel López Obrador, antes de que decidiera suspenderlas debido al avance del coronavirus covid-19, el presidente publicó un video en el que criticó las torres eólicas de La Rumorosa, un proyecto de Infraestructura Energética Nova (IEnova), ubicado en el estado de Baja California.
"Afecta el paisaje, la imagen natural", señaló López Obrador, en el video publicado en su cuenta de Twitter, el 28 de marzo. "Cómo se atrevieron a dar permisos, pueden decir que se genera energía eléctrica. . . son negocios privados, son de las transas que se hacían en el periodo neoliberal. . . nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual, hay que respetar la naturaleza".
Ese mensaje del presidente estaría en línea con el discurso defendido por años, por organizaciones sociales, como Greenpeace, que han denunciado lo que consideran impactos sociales y ambientales de algunos proyectos de generación de electricidad mediante energías renovables.
Ahora, tras las modificaciones a las reglas al sector eléctrico publicadas por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), sin quererlo, el gobierno federal generó consenso --en su contra-- entre quienes defienden causas ambientalistas y distintos sectores de la iniciativa privada, ante lo que consideran un retroceso en la política eléctrica del país.
"Esta política energética resulta preocupante. . . lo que hace es frenar la generación a partir de energías renovables, solar y eólica; se han desmantelado los mecanismos para promover las energías renovables y ahora se le quita prioridad en el despacho [al sistema eléctrico], abriendo la oportunidad a la generación a partir de energías fósiles sumamente sucias y con implicaciones para la salud", dijo Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, en una conferencia de prensa.
El viernes, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación, sin pasar por un proceso de análisis regulatorio, un acuerdo que impone mayores pruebas y limitaciones a proyectos de energía privados y otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía eléctrica estatal, un papel proactivo en actividades en la generación, transporte y distribución del fluido eléctrico dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El cambio a las reglas se suma a la proscripción establecida a inicios de mes por Cenace, la entidad encargada de supervisar el sistema eléctrico nacional, a la conexión de nuevas centrales privadas a la red de transmisión eléctrica del país por una supuesta caída en la demanda de electricidad.
Al igual que lo han hecho organizaciones del sector privado y representaciones diplomáticas, las organizaciones calificaron de preocupante la forma en la que Secretaría de Energía puso en marcha las nuevas reglas, sin pasar por un proceso regulatorio.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Iniciativa Climática de México y el Poder del Consumidor hicieron hincapié en el alejamiento de esta medida en los objetivos del país para combatir el cambio climático, pasando por alto leyes nacionales y tratados internacionales.
México se comprometió ante el Acuerdo de París, un acuerdo internacional para combatir el cambio climático, que 25% de su electricidad para 2018 sería generada por fuentes renovables -eólica y solar--; un objetivo no cumplido ya que sólo llegó a 23.2%.
"Si damos una lectura amplia de todo lo que ha venido sucediendo con el sector energético podemos notar que hay una serie medidas regresivas, que se está favoreciendo un modelo que fue exitoso en los años setenta, que no es compatible con la situación ambiental, ni el deterioro que estamos viviendo", dijo Anaid Velasco, gerente de investigación de Cemda, en la conferencia con medios.
El sector privado, también ha alzado la voz al respecto del efecto de la política en materia ambiental.
"Las medidas previstas por el acuerdo implicarán, además, emisiones mensuales de más de 714 mil toneladas de CO2 que no podrán evitarse, y la puesta en riesgo de 29 mil 517 empleos", dijeron Asociación Mexicana de Energía Solar y la Asociación Mexicana de Energía Eólica, en un posicionamiento común a inicios de mayo, al respecto de los cambios establecidos por Cenace.
La Secretaría de Energía ha rechazado que su cambio en la política atente contra las energías renovables, argumentando que realiza un papel de reordenamiento, ante la intermitencia de las energías renovables, para brindar certeza en el sistema eléctrico.
"Es mentira que digan que estamos en contra de las renovables. . . si a eso es a donde va la humanidad, el estado debe garantizar la continuidad, no se había cuidado de una forma ordenada, se abrieron y se dieron permisos en manga ancha, sin cuidar la ubicación", dijo Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
Para las organizaciones ambientales el tema clave detrás del cambio en la política eléctrica estaría en el exceso de oferta de combustóleo que existe actualmente en el país.
Este combustible, altamente contaminante por sus niveles de azufre y generado por las refinerías del país, controladas por Petróleos Mexicanos, dejó de ser demandado a nivel mundial luego de la entrada en vigor de un acuerdo de la Organización Marítima Internacional (OMI) que limita a las embarcaciones el uso de combustible con contenido de azufre a 0.5%, con respecto del 3.5% previo.
Entre enero y marzo, los ingresos por exportaciones de combustóleo se contrajeron 29% con respecto al mismo periodo de un año antes, de acuerdo con la Balanza de Productos Petroleros de Banco de México.
A pesar del interés común generado por el cambio de política, las organizaciones manifestaron su rechazo a la manera en que se han implementado algunos proyectos del sector.
"Muchos de los proyectos de energía renovable que se han implementado van siguiendo esta misma lógica de megaproyectos extractivistas basados en la violación de derechos humanos, en la violencia y en despojo", agregó Ramírez de Greenpeace, en la conferencia. "Nosotros creemos que una transición energética que viola los derechos humanos y que afecta ecosistemas, definitivamente tampoco es una solución".
Infosel, mayo. 19.- Durante una de las últimas giras realizadas por Andrés Manuel López Obrador, antes de que decidiera suspenderlas debido al avance del coronavirus covid-19, el presidente publicó un video en el que criticó las torres eólicas de La Rumorosa, un proyecto de Infraestructura Energética Nova (IEnova), ubicado en el estado de Baja California.
"Afecta el paisaje, la imagen natural", señaló López Obrador, en el video publicado en su cuenta de Twitter, el 28 de marzo. "Cómo se atrevieron a dar permisos, pueden decir que se genera energía eléctrica. . . son negocios privados, son de las transas que se hacían en el periodo neoliberal. . . nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual, hay que respetar la naturaleza".
Ese mensaje del presidente estaría en línea con el discurso defendido por años, por organizaciones sociales, como Greenpeace, que han denunciado lo que consideran impactos sociales y ambientales de algunos proyectos de generación de electricidad mediante energías renovables.
Ahora, tras las modificaciones a las reglas al sector eléctrico publicadas por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), sin quererlo, el gobierno federal generó consenso --en su contra-- entre quienes defienden causas ambientalistas y distintos sectores de la iniciativa privada, ante lo que consideran un retroceso en la política eléctrica del país.
"Esta política energética resulta preocupante. . . lo que hace es frenar la generación a partir de energías renovables, solar y eólica; se han desmantelado los mecanismos para promover las energías renovables y ahora se le quita prioridad en el despacho [al sistema eléctrico], abriendo la oportunidad a la generación a partir de energías fósiles sumamente sucias y con implicaciones para la salud", dijo Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, en una conferencia de prensa.
El viernes, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación, sin pasar por un proceso de análisis regulatorio, un acuerdo que impone mayores pruebas y limitaciones a proyectos de energía privados y otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía eléctrica estatal, un papel proactivo en actividades en la generación, transporte y distribución del fluido eléctrico dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El cambio a las reglas se suma a la proscripción establecida a inicios de mes por Cenace, la entidad encargada de supervisar el sistema eléctrico nacional, a la conexión de nuevas centrales privadas a la red de transmisión eléctrica del país por una supuesta caída en la demanda de electricidad.
Al igual que lo han hecho organizaciones del sector privado y representaciones diplomáticas, las organizaciones calificaron de preocupante la forma en la que Secretaría de Energía puso en marcha las nuevas reglas, sin pasar por un proceso regulatorio.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Iniciativa Climática de México y el Poder del Consumidor hicieron hincapié en el alejamiento de esta medida en los objetivos del país para combatir el cambio climático, pasando por alto leyes nacionales y tratados internacionales.
México se comprometió ante el Acuerdo de París, un acuerdo internacional para combatir el cambio climático, que 25% de su electricidad para 2018 sería generada por fuentes renovables -eólica y solar--; un objetivo no cumplido ya que sólo llegó a 23.2%.
"Si damos una lectura amplia de todo lo que ha venido sucediendo con el sector energético podemos notar que hay una serie medidas regresivas, que se está favoreciendo un modelo que fue exitoso en los años setenta, que no es compatible con la situación ambiental, ni el deterioro que estamos viviendo", dijo Anaid Velasco, gerente de investigación de Cemda, en la conferencia con medios.
El sector privado, también ha alzado la voz al respecto del efecto de la política en materia ambiental.
"Las medidas previstas por el acuerdo implicarán, además, emisiones mensuales de más de 714 mil toneladas de CO2 que no podrán evitarse, y la puesta en riesgo de 29 mil 517 empleos", dijeron Asociación Mexicana de Energía Solar y la Asociación Mexicana de Energía Eólica, en un posicionamiento común a inicios de mayo, al respecto de los cambios establecidos por Cenace.
La Secretaría de Energía ha rechazado que su cambio en la política atente contra las energías renovables, argumentando que realiza un papel de reordenamiento, ante la intermitencia de las energías renovables, para brindar certeza en el sistema eléctrico.
"Es mentira que digan que estamos en contra de las renovables. . . si a eso es a donde va la humanidad, el estado debe garantizar la continuidad, no se había cuidado de una forma ordenada, se abrieron y se dieron permisos en manga ancha, sin cuidar la ubicación", dijo Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
Para las organizaciones ambientales el tema clave detrás del cambio en la política eléctrica estaría en el exceso de oferta de combustóleo que existe actualmente en el país.
Este combustible, altamente contaminante por sus niveles de azufre y generado por las refinerías del país, controladas por Petróleos Mexicanos, dejó de ser demandado a nivel mundial luego de la entrada en vigor de un acuerdo de la Organización Marítima Internacional (OMI) que limita a las embarcaciones el uso de combustible con contenido de azufre a 0.5%, con respecto del 3.5% previo.
Entre enero y marzo, los ingresos por exportaciones de combustóleo se contrajeron 29% con respecto al mismo periodo de un año antes, de acuerdo con la Balanza de Productos Petroleros de Banco de México.
A pesar del interés común generado por el cambio de política, las organizaciones manifestaron su rechazo a la manera en que se han implementado algunos proyectos del sector.
"Muchos de los proyectos de energía renovable que se han implementado van siguiendo esta misma lógica de megaproyectos extractivistas basados en la violación de derechos humanos, en la violencia y en despojo", agregó Ramírez de Greenpeace, en la conferencia. "Nosotros creemos que una transición energética que viola los derechos humanos y que afecta ecosistemas, definitivamente tampoco es una solución".