Los activistas ambientales, dedicados a proteger la naturaleza y alertar sobre las consecuencias y los riesgos de actos que dañan el medio ambiente, están en creciente peligro de ataques y agresiones ante la incomprensión de su actividad por parte de sectores de la sociedad y de oscuros intereses de industrias y negocios.
En 2020, de acuerdo con el último informe de la organización Global Witness, Last line of defence, 227 activistas fueron asesinados en el mundo, en medio de situaciones vinculadas con su convicción de defender el que es el hogar de 7.8 billones de personas.
La cifra registrada el año pasado representa el número más alto jamás contabilizado por segundo año al hilo, lo que deja al descubierto que cuatro defensores del ambiente fueron víctimas de ataques letales cada semana desde la firma del Acuerdo Climático de París en 2015, un dato que podría aumentar por casos no denunciados. Además, casi tres de cada cuatro ataques tuvieron lugar en el continente Americano con siete de los 10 países con más agresiones ubicados en América Latina.
“Ser activista actualmente es una necesidad y desgraciadamente el defender nuestra tierra, nuestra agua nos convierte prácticamente en delincuentes”, declara Diana Tlazohcamati, defensora del territorio y del agua en la ciudad Mexicali, Baja California, fronterizo con Estados Unidos.
Global Witness sostiene que el proceso del cambio climático es violento, y se manifiesta no sólo contra el mundo natural, sino también contra las personas.
Los ataques “últimamente han sido de manera súbita y sin previo aviso, lo cual, ante la falta de denuncia, vuelve inútiles los protocolos”, comparte con Bloomberg Línea Mauro Cuevas, activista defensor del agua con labor en Baja California, quien ha sido víctima de amenazas y agresiones y ha perdido a Oscar Eyraud y Santiago Aguirre, dos compañeros de lucha.
Casi nueve de cada 10 víctimas eran hombres. Mientras tanto, las mujeres que se unen a la lucha también se enfrentan a formas de violencia como la sexual. “Las mujeres a menudo tienen un desafío doble: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha menos visible para defender su derecho a hablar dentro de sus comunidades”, arroja el análisis Last line of defence.
Colombia y México son los focos rojos, pues encabezan la lista de los 22 países donde ocurrieron los crímenes, junto con Filipinas, en donde se registraron más de la mitad de las agresiones mortales. “Lamentablemente desde hace unos años, hemos perdido esa libertad de poder ser activistas ambientales”, afirma Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México.
En Colombia y México, con 65 y 30 ataques, respectivamente, las comunidades indígenas fueron las más afectadas pese a representar el 4,4% y 10,45% de la población en cada nación. “Los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y la pandemia de Covid solo sirvió para empeorar la situación”, señala el informe sobre el panorama colombiano.
“El ataque a las comunidades indígenas tiene mucho sentido si recordamos que gran parte de los espacios territoriales que todavía conservan la biodiversidad son porque están protegidos por o relacionados con pueblos indígenas”, afirma Gabriela Carreón Lee, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
¿Qué está pasando en los dos países latinos con más asesinatos de activistas?Colombia se alzó por segundo año consecutivo (2019 y 2020) como el país más peligroso para los defensores del medioambiente en el mundo. Según el informe, un tercio de los ataques en este país estuvieron dirigidos en contra de indígenas y afrodescendientes, mientras que casi la mitad fueron en contra de pequeños agricultores.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha dicho que el país sudamericano vive una “violencia endémica” en relación con los ataques evidenciados a lo largo y ancho del territorio en contra de los líderes ambientales. Un escenario contrario a las expectativas generadas por la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y que es respaldado por las denuncias de activistas que señalan de deficiente la implementación de dicho pacto por parte del gobierno.
Para poner en contexto, 17 asesinatos de líderes en 2020 fueron en el marco de programas para ayudar a los agricultores de cultivos de coca a hacer una transición hacia cultivos legales, uno de los puntos establecidos en el acuerdo de 2016. Esta iniciativa ha resultado en un aumento de las amenazas por parte de organizaciones criminales y paramilitares dirigidas a quienes participan, según Global Witness.
“El asesinato de los líderes ambientalistas se enmarca en un exterminio y una persecución que el país ha registrado durante muchos años y que a partir del acuerdo de paz se hizo más aguda”, aseguró Dionne Cruz, politóloga y catedrática de la Pontificia Universidad Javeriana, a Bloomberg Línea.
Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y tiene 59,9 millones de hectáreas de bosque natural, equivalentes al 52,2% de su territorio (según cifras del gobierno), por lo que no es de extrañar el gran número de líderes que salen a diario en su defensa y protección. Sin embargo, el estudio denuncia que muchas de estas zonas protegidas son remotas y que en ellas hay presencia de grupos delictivos que han aumentado su control mediante la violencia y ante la carencia de protección estatal.
Sólo la organización Somos Defensores de Colombia documentó 75 ataques de este tipo contra defensores de derechos humanos entre 2016 y mediados de 2020.
Para Cruz los asesinatos de los activistas en el país están propiciados por su labor en “territorios estratégicos para mafias de cultivos ilícitos, minería ilegal, tráfico de maderas finas y tráfico de fauna silvestre. Mientras que, se oponen a grupos de intereses alrededor de la agroindustria o la ganadería extensiva, a proyectos mineros, petroleros o de infraestructura que amenazan la conservación de los ecosistemas”.
De los 65 líderes asesinados en Colombia, hay no sólo líderes vinculados a programas de sustitución de cultivos ilícitos, sino también campesinos involucrados en procesos de restitución de tierras, líderes de juntas de acción comunal, guardabosques, indígenas y funcionarios de parques nacionales.
“La Fiscalía colombiana está en mora y debe darle cuentas al país sobre quiénes están detrás de este tipo de crímenes. No sólo es importante saber quiénes disparan sus armas, sino quiénes son los autores intelectuales”, puntualizó la analista.
En tanto, México tuvo un aumento del 67% de asesinatos de líderes ambientales en 2020 con respecto a un año atrás.
“Nuestra vida pende de un hilo, pero sabemos que este caminar es una semilla que dará frutos, por el momento esta semilla en nuestra geografía ha generado una pedagogía de lucha”, manifiesta Tlazohcamati, integrante del colectivo Mujeres Tierra.
La defensa frente al problema forestal como la tala clandestina fue la causa que estuvo vinculada a casi un tercio de los ataques, así como el cuidado de áreas protegidas; después otros rubros ligados con las vías de comunicación como puentes, caminos y trenes y, le siguieron la minería y la defensa del agua.
“En lo que va de 2021, esta tendencia no disminuyó al menos en el primer semestre del año”, advierte la abogada Carreón Lee, del Cemda.
El Cemda observó que durante el año pasado se vio un incremento particular de agresiones en lo relacionado con el proyecto Tren Maya del sureste mexicano, uno de los programas insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el humedal en Xochimilco en el sur de Ciudad de México, la capital. “Esto es interesante porque vemos que ambos están relacionados con comunidades indígenas”, declara Carreón Lee y refiere que estos “hechos y cifras contrastan con el discurso oficialista del cuidado de las comunidades indígenas; no hay una correlación, no hay correspondencia”.
Y en México, la impunidad es una de las alarmas que destaca Global Witness, ya que hasta el 95% de los asesinatos no llegan a ser castigados por el sistema de justicia.
Ampugnani alerta que los defensores del ambiente, sobre todo en la frontera mexicana, “no tienen protección, están totalmente solos y desamparados en un entorno de violencia generalizado, pese a la firma del Acuerdo de Escazú (primer Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe en vigor desde abril). En general no existe una vigilancia ambiental en América Latina por más (que haya) secretarías, ministerios y procuradurías porque su autoridad pública es mínima (...) Más allá de la letra escrita, no hay nada”.
Mientras, el activista Cuevas sostiene que le ha tocado conocer casos de personas “amenazados por los mismos funcionarios ante quien se tiene que denunciar, o gente del mismo partido político, entonces de nuevo, se evita la denuncia y los protocolos no salen del papel”.
Además, el poder corporativo, bajo un modelo que prioriza las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente, es la fuerza subyacente que ha perpetuado la matanza de defensores, dice Global Witness. “En demasiados países ricos en recursos naturales, las corporaciones operan con casi total impunidad. Debido a que el equilibrio de poder está a favor de las corporaciones, es raro que alguien sea arrestado o llevado a los tribunales por matar a defensores”, declara.
La activista de Cemda refiere que “hablando de perpetradores también notamos que las empresas han sido parte de quienes hostigan, amenazan e intimidan a las personas que se oponen a sus proyectos, por ello muchas asociaciones están impulsando esta agenda de que haya una regulación vinculatoria para las mismas”.
Se ha estado viendo “una ola de activistas desplazados y ocultos de manera clandestina para protegerles de mineros, cerveceros, policías o políticos corruptos, quienes habían puesto precio a su vida y otros quiénes querían cobrar esa recompensa”, declara Cuevas, quien dice estar actualmente en libertad provisional (bajo fianza) por falsas acusaciones en su contra de tirar “una lata por la ventana de mi coche”.
Ejes que podrían cambiar el rumbo según Cemda
- Recursos económicos sin opacidad
- Gobernabilidad
- Presencia del Estado no militarizada
- Perfiles adecuados en el Mecanismo de Protección
- Procesos de concepción, implementación y creación adecuados con el medio ambiente
- Atender las otras concepciones de vida y cómo se relacionan las personas con el medio ambiente y el territorio
- Atender la participación ciudadana
- Detener la estigmatización y discriminación de la labor de los activistas
El activista Bill McKibben, líder del grupo de la campaña climática 350.org, manifestó sobre el informe que “hay una gran diferencia entre luchar y morir. Los nombres de estas defensoras y defensores deberían estar en nuestros labios y en nuestros corazones. Tenemos una deuda con ellas y ellos que ya no saldaremos directamente, porque solo la podemos pagar hacia adelante, con quienes continúan la lucha desde los territorios”.
Cuevas concluye diciendo que “esa forma de pensar, el tomar sin retribuir algo a cambio, nos está llevando a una prolongada y al parecer muy dolorosa extinción, en nosotros está proteger el mundo que le vamos a dejar a quienes nos preceden, y no podemos dejar un bote de basura como lugar para vivir”.