por Eduardo García
Infosel, octubre. 15.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), una de las principales organizaciones empresariales del país, anunció que fracasó en su intento por persuadir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o a los legisladores por cambiar la ley y las penas que planean aplicar a partir del próximo año a las empresas fantasmas que emitan facturas falsas.
La Confederación, como otras asociaciones empresariales, habían expresado preocupación por el endurecimiento de las penas contra quienes realizarán esas actividades ilegales, sobre todo porque con ellas empresarios legalmente constituidos podrían ser sujetos de sanciones severas, como prisión preventiva sin derecho a fianza, en caso de cometer algún error en sus declaraciones fiscales.
De ahí que Coparmex buscó y entabló un diálogo con las autoridades financieras mexicanas y con legisladores para hacerles ver los problemas con los cambios propuestos y que gozan del respaldo de la mayoría de los legisladores.
Los esfuerzos, sin embargo, no dieron fruto.
"No pudimos convencer a pesar de los argumentos que teníamos", dijo Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, durante una rueda de prensa. "Iniciamos un periodo de terrorismo fiscal".
Los cambios, de hecho, fueron ya aprobados por la Cámara de Senadores y muy probablemente sean ahora respaldados también en la Cámara de Diputados.
Ante la imposibilidad de persuadir al gobierno de modificar los cambios, que incluyen penas de cinco a ocho años en prisión para quienes cometan fraude con comprobantes fiscales, Coparmex espera presentar una acción legal contra la reforma en tribunales.
