por Eduardo García
(Actualiza con detalles a lo largo de la nota)
Infosel, octubre. 15.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), una de las principales organizaciones empresariales del país, anunció que fracasó en su intento por persuadir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o a los legisladores de su partido, para cambiar la ley y las penas que planean aplicar a partir del próximo año a las empresas fantasmas que emitan facturas falsas.
La Confederación, como otras asociaciones empresariales, habían expresado preocupación por el endurecimiento de las penas contra quienes realizaran esas actividades ilegales, sobre todo porque con ellas empresarios legalmente constituidos podrían ser sujetos de sanciones severas, como prisión preventiva sin derecho a fianza, en caso de cometer algún error en sus declaraciones fiscales.
De ahí que Coparmex entabló un diálogo con las autoridades financieras mexicanas y con legisladores para hacerles ver los problemas con los cambios propuestos, aun cuando estaban a favor de penalizar esas actividades ilegales.
Los esfuerzos, sin embargo, no dieron fruto.
"No pudimos convencer a pesar de los argumentos que teníamos", dijo Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, durante una rueda de prensa. "Iniciamos un periodo de terrorismo fiscal".
Ahora, los agremiados al organismo empresarial buscarán amprarse frente a la reforma que ratificó esta tarde la Cámara de Diputados, agregó Esquer Félix.
Incluso, Coparmex también prevé tener acercamientos con legisladores de oposición o incluso con organismos internacionales como la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar que interpongan un acto de inconstitucionalidad.
"No podemos aceptar un sólo daño colateral, aunque la causa sea justificada", dijo Esquer Félix, acompañado en la conferencia por el presidente de la Academia Fiscal Mexicana, Arturo Pueblita, y el presidente de la comisión fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), Luis Curiel.
El abogado Arturo Pueblita explicó que se debe de utilizar la estructura que tiene la inteligencia financiera y la fiscalía general para combatir la práctica sin necesidad de hacer los cambios como los aprobaron los legisladores ya en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión.
"Nadie se opone a perseguir a los factureros", dijo el abogado en la conferencia de la Coparmex. "Pero se atenta a la seguridad jurídica y se termina abriendo un escopetazo para que cualquier contribuyente cumplido pudiera terminar siendo considerado como delincuente y perder la presunción de inocencia".
La reforma equipara estas prácticas al contrabando y crimen organizado. Por ello, estos delitos ameritarán prisión preventiva oficiosa, conforme a las reformas aprobadas. Las penas van de cinco a ocho años de prisión a quienes cometan un fraude con comprobantes fiscales
Previamente, el Consejo Coordinador Empresarial, la organización empresarial más relevante del país, había expresado su desacuerdo en torno a los cambios legales para combatir a las empresas fantasma.
Las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han insistido que esta reforma sólo busca combatir este tipo de fraude fiscal, salvaguardando a los contribuyentes y sin generar la incertidumbre que han mencionado lso grupos empresariales.
Sin embargo, para el abogado Luis Curiel, de Anade, la reforma no acota la exposición de cualquier contribuyente.
"Se pierde de vista que en materia fiscal es donde más sujetos coparticipes en el delito existe", dijo el abogado.
Por lo pronto, Coparmex, que aglutina a 36 mil empresas, consideró que esta reforma desalienta la inversión y no abona al crecimiento económico, pues prácticamente todos los organismos empresariales han manifestado su postura en contra.
"No ayuda para tomar la decisión de invertir. . . estamos destinados a tener un crecimiento cero", dijo Esquer Félix.
