por Michelle del Campo
Infosel, agosto. 15.- El desastre ambiental que ocurrió hace cinco años en el complejo minero Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, por el derrame de millones de litros de sulfato de cobre ha generado desde entonces repetidas controversias legales, que están aún lejos de resolverse.
La Suprema Corte optó incluso la semana pasada por posponer su fallo sobre si la compañía cumplió o no con las promesas de remediar los daños ocasionados al medio ambiente y a los pobladores cercanos.
Los magistrados decidieron no dar un fallo a fin de poder analizar de manera conjunta tres amparos vinculados con esa disputa, entre los cuales está la posibilidad para los pobladores afectados de presentar una demanda colectiva contra Grupo México, un conglomerado con intereses en minería, transporte ferroviario e infraestructura.
En el centro de la disputa, está si la compañía, controlada por Germán Larrea, el segundo hombre de negocios más acaudalado de México, cumplió o no con la entrega de los dos mil millones de pesos (150 millones de dólares de acuerdo al tipo de cambio de aquel entonces) que prometió depositar en un fideicomiso para ayudar a corregir los problemas que ocasionó el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre.
El derrame de la mina llegó por gravedad al río Bacanuchi y por su cauce hasta el río Sonora --una de los principales afluentes de la entidad.
Claro que la decisión de los magistrados no será nada fácil ya que, desde la empresa, hasta las autoridades gubernamentales, pasando por los algunos de los pobladores afectados y las organizaciones civiles que los asesoran, presentan, cada vez que pueden, cifras y hechos que no sólo son contradictorios, sino que reflejan una narrativa diametralmente opuesta donde ni siquiera coinciden en estadísticas o montos.
Con la finalidad de reflejar la dificultad actual por saber lo que realmente ha ocurrido en el sitio del derrame en estos cinco años, o desde que Grupo México decidió crear con dos mil millones de pesos un fideicomiso privado, en septiembre de 2014, para remediar los problemas ocasionados por el derrame, Sentido Común presenta las posturas de cada una de las partes en cuatro de los tópicos más relevantes que engloban la disputa medioambiental.
A) Monto depositado en el fideicomiso, conocido como Fideicomiso Río Sonora
Grupo México
• La empresa, con sede en Ciudad de México, asegura haber aportado más de dos mil millones de pesos a través del fideicomiso y de erogaciones en forma directa con la finalidad de cumplir con el Programa de Remediación que aprobó en su momento la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para resarcir los daños.
• La compañía además asevera que esos recursos fueron ya ejercidos conforme las instrucciones que dio Semarnat y que fueron además ratificadas por el comité técnico del fideicomiso.
Semarnat
• El gobierno --al menos en el gobierno anterior-- avaló lo dicho por Grupo México en cuanto a los fondos depositados y utilizados. De acuerdo conel portal sobre Fideicomiso Río Sonora de Semarnat, entre septiembre de 2014 y enero de 2017 el Fideicomiso Río Sonora recibió mil 232 millones de pesos, que fueron destinados a diversas actividades, como fue la construcción de tomas de agua, la compra de tinacos, pipas, plantas potabilizadoras, la rehabilitación de pozos, así como para fortalecer las finanzas de organismos de aguas ambientales y para realizar un diagnóstico ambiental.
• Adicionalmente, la dependencia reconoce que Grupo México otorgó 784.3 millones de pesos para gastos como apoyos sociales, limpieza del río, estudios y análisis ambientales, programa de vigilancia epidemiológica, monitoreo de agua aire y suelos, plantas con sistemas de ultrafiltración.
Pobladores afectados/organizaciones civiles
• Algunos grupos de pobladores afectados, junto con algunas organizaciones civiles, sólo reconocen el depósito por poco más de mil 232 millones de pesos por parte de Grupo México. De ahí que aseguran que faltan por depositarse 60% de los recursos comprometidos.
B) Ejercicio de los fondos depositados
(El comité técnico encargado de tomar las decisiones sobre el uso de los recursos depositados en el Fideicomiso Río Sonora lo conformaron representantes de la empresa, del gobierno y expertos independientes. No incluyó representantes de las comunidades afectadas)
Grupo México
• Los recursos fueron ejercidos conforme a las instrucciones de Semarnat y a través del comité técnico del fideicomiso.
Semarnat
• La dependencia dice que los fondos del fideicomiso se utilizaron de la siguiente manera: Atención médica integral a 10 mil 875 personas, visitas domiciliarias a cuatro mil 325 familias, realización de mil 373 consultas médicas y atención especializada a 358 personas con síntomas relacionados con la contaminación por metales pesados.
• Además, el fideicomiso entregó 27 mil 111 apoyos directos, como resarcimiento por daños a la salud, a las actividades agropecuarias y comerciales, a los jornaleros y prestadores de servicio, así como a todas y cada una de las familias que sufrieron el desabasto de agua potable.
• El fideicomiso también dotó de más de 333 millones de litros de agua potable a través de pipas.
• La dependencia dijo que también se estableció una red de monitoreo ambiental de suelo, agua y sedimento con más de siete mil 200 muestras levantadas en la zona afectada.
• En total, con parte de los fondos las autoridades lograron rehabilitar y apertura de 41 pozos a lo largo del Río Sonora.
• Las autoridades también instalaron 10 mil 188 tinacos en todas las casas y edificios de interés comunitario del Río Sonora, con torreta, toma de agua y nomenclatura.
• Finalmente, el fideicomiso permitió crear un grupo de instituciones académicas --nacionales y estatales-- coordinadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para realizar un Diagnóstico Ambiental Integral de la región del Río Sonora.
Pobladores afectados/organizaciones civiles
• De acuerdo con las cifras de los grupos de pobladores que protestan lo que ha ocurrido, el fideicomiso destinó sólo 184 millones de pesos en tinacos, un gasto que consideran infructuoso por que dicen no tener certeza sobre la calidad salubre del agua, al mismo tiempo que escatimó gastos en salud para las personas afectadas.
• Para las partes que protestan lo ocurrido, los fondos para resarcir directamente a los damnificados fueron de sólo 680.4 millones de pesos, o sólo 34% del total comprometido. Los fondos restantes los utilizaron las autoridades del fideicomiso con otras finalidades ajenas al derrame, como apoyos al gobierno estatal y municipal. Los pobladores argumentan además que estos gastos no han sido desglosados, por lo que consideraron imposible conocer a qué dependencias fueron dirigidos y con qué propósito.
• En cuanto a la cantidad destinada directamente para atender a las personas que sufrieron algún menoscabo en su salud, los pobladores y las organizaciones civiles dicen que esos recursos solo sumaron 7.8 millones de pesos, o 10% del gasto que se iba a destinar a este rubro. El 90% restante de lo gastaron las autoridades en "acciones de atención y seguimiento médico", o un rubro que no ha transparentado el comité técnico del fideicomiso.
• Los pobladores además aseguran que la distribución de los fondos la hizo el comité técnico de forma arbitraria y discrecional.
C) Propósito del fideicomiso
(En diciembre de 2016, el gobierno federal determinó que el programa de remediación se había cumplido y meses después, el comité técnico decidió cancelar el fideicomiso sin que, al parecer, fueran consultados los afectados)
Grupo México/Semarnat
• La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades, emitió una resolución en la que dio por terminado, tras cumplir con sus obligaciones, el programa de remediación del Río Sonora.
• En virtud de que el Fideicomiso Río Sonora fue creado para llevar a cabo las acciones contenidas en el programa de remediación, así como para servir de fuente de pago por las afectaciones materiales o daños a la salud humana, las autoridades, tras decretar el fin del programa de remediación, procedieron entonces a extinguir ese instrumento. La extinción de ese fideicomiso tuvo lugar el 7 de febrero de 2017.
Pobladores afectados/organizaciones civiles
• Para algunos de los pobladores, la del fideicomiso quedó inconclusa ya que no reparó completamente el daño. Ellos además protestan el cierre del fideicomiso sin consultar antes a los afectados.
D) Calidad del agua
Semarnat
• En febrero de 2017 y tras un permanente monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrológica del Río de Sonora, las autoridades aseguraron que el agua de ese afluente, así como la de los pozos que abastecen de agua potable a los cerca de 23 mil habitantes de la zona, cumplen con las normas de salud y de medio ambiente aplicables en el país.
• Las autoridades, sin embargo, decidieron mantener un programa de monitoreo del agua por cinco años.
Pobladores afectados/organizaciones civiles
• Habitantes de la zona cercana al río, quienes han conformado el Comité de Cuenca del Río Sonora, una de las organizaciones que ha interpuesto amparos contra las resoluciones de las autoridades en la Suprema Corte de Justicia, dicen que no tiene garantía de que el agua del río pueda ser utilizada como se hacía antes del derrame. Agregan, que ninguna autoridad ha confirmado la seguridad para el uso del agua, y en contraste han visto sus árboles secarse, mientras que sus animales padecen enfermedades que atribuyen al agua de la zona.
• Los pobladores dicen que deben erogar fuertes sumas para la compra de garrafones de agua purificada a fin de poder realizar sus actividades cotidianas, como bañar a menores de edad.