por Patricia Guerrero Medina
(Actualiza con detalles)
Infosel, mayo. 7.- Fibra Uno, el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande listado en el mercado de valores mexicano, estaría en riesgo de perder los permisos para continuar con las obras de su proyecto mixto Mítikah, al sur de Ciudad de México y que en los últimos meses lo ha confrontado con las autoridades capitalinas.
El gobierno de la ciudad inició ayer los trámites para revocar el permiso administrativo temporal revocable, también conocido como PART, otorgado a la empresa por la anterior administración en mayo de 2017 y con una duración de 10 años, para desarrollar una plaza de integración, así como un paso a desnivel o deprimido en la calle Real de Mayorazgo.
Ello, luego de que nueve trabajadores del proyecto fueron detenidos por la tala de 54 árboles --ubicados en un camellón en esa calle-- utilizando un permiso incompleto, explicaron autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la ciudad, en una conferencia.
"Se hicieron acciones fuera o sin contar con las autorizaciones, lo cual ya es una causal para revocar el permiso", dijo Andrée Lilian Guigue, directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de Sedema, en la conferencia.
No está claro si las obras contempladas en el PART forman parte de la Fase 2 del proyecto, cuyos permisos eran revisados por el gobierno de la ciudad desde marzo y para lo que incluso se establecieron mesas de trabajo con la empresa, mismas que --de acuerdo con las autoridades capitalinas-- se rompieron tras los hechos del fin de semana.
"Teníamos la mesa de diálogo con Mítikah, que nos permitiera revisar las condiciones bajo las cuales estaba llevando a cabo este proyecto y nos parece lamentable que haya roto esta mesa de diálogo y que haya sucedido esto", dijo Marina Robles, titular de Sedema, en la conferencia.
Además de la revocación del permiso, Fibra Uno enfrentaría una sanción económica de entre 7.6 y 50.3 millones de pesos (399 mil dólares a 2.6 millones de dólares) por la tala de los árboles, ya que la autorización que utilizó para ello carece de los vistos buenos de las secretarías de Movilidad (Semovi) y de Seguridad Ciudadana, condicionante para su validez.
La autorización, que contemplaba el derribo de 80 árboles y el traslado de un lugar a otro de 47 más para la construcción del deprimido, fue expedida en noviembre del año pasado; sin embargo, Semovi emitió un documento en abril de este año en el que señaló que su construcción "no es técnicamente favorable debido a que la propuesta presentaba inconvenientes en su operación", de acuerdo con las autoridades capitalinas.
Las sanciones administrativas podrían ser determinadas esta misma semana y son independientes del proceso penal que lleva a cabo la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Protección Urbana.
