por Michelle del Campo
(Retransmite la nota publicada el 5 de agosto)
Infosel, agosto. 6.- Grupo México, un conglomerado empresarial con intereses en minería, transporte ferroviario e infraestructura, podría enfrentar el miércoles una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculada con sus acciones para restituir el daño tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, coincidiendo con el quinto aniversario del que ha sido calificado hasta la fecha como el mayor desastre minero en México.
La Segunda Sala del máximo tribunal tiene programado decidir el 7 de agosto sobre el amparo solicitado por los Comités de Cuenca, un grupo de pobladores que dependen de los ríos, que busca que el fideicomiso de dos mil millones de pesos (102 millones de dólares) creado por Grupo México para resarcir los daños por el derrame, sea considerado como una autoridad responsable-- a pesar de ser un instrumento privado--, ya que consideran tuvo un fin público y fue presidido por un funcionario gubernamental, dijo el grupo de activistas en un acto público que se llevó a cabo a fuera de la Suprema Corte de Justicia.
"El fideicomiso que prometió reparar los daños fue un mecanismo privado, un acuerdo de Grupo México y del gobierno, sin la participación de las personas afectadas. Sirvió para hacer negocios y para limpiar la imagen de la empresa. Actuó a espaldas de la gente. Por no remediar nada y dejarnos en la indefensión total, argumentamos que la tarea de fideicomiso quedó inconclusa", dijo Óscar Encinas, habitante del municipio de Ures, y representante de los Comités de Cuenca que interpusieron el amparo ante la SCJN.
Si la corte decide a favor del amparo promovido, el ejercicio del fideicomiso podría ser abierto a escrutinio público. Los activistas buscan reactivarlo teniendo ahora en cuenta la participación de las comunidades afectadas, ya que consideran sólo se ejerció aproximadamente 60% de los recursos.
Este es uno de los tres amparos promovidos por representantes de los pobladores, acompañados por la organización Project PODER, vinculado a este tema.
Existen otros dos vinculados al fideicomiso que buscan señalar que éste hizo caso omiso a un proyecto de reactivación agropecuaria para la zona y otro que cuestiona el hecho del cierre anticipado del fideicomiso y del programa de remediación ambiental pactado por la empresa.
Grupo México ha expresado públicamente que la remediación del río Sonora se llevó a cabo a través de los mecanismos previstos por la ley, conforme a lo establecido por un comité técnico, que presidido por el entonces subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo Lacy Tamayo.
De acuerdo con la empresa, aportó más de dos mil millones de pesos al fideicomiso, a través de sus subsidiarias Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras.
Semarnat emitió la resolución en diciembre de 2016 por la cual se estableció que se alcanzaron los niveles de remediación exigidos por dicha autoridad.
En contraste, los representantes de los pobladores señalan que no se remedió el daño y se incumplieron promesas como la construcción de un hospital en el municipio de Ureas, que dijeron se quedó en obra negra; o bien, la construcción de más de 30 plantas potabilizadoras de agua.
Durante el evento los activistas confirmaron el cierre reciente de una clínica abierta para la atención a los afectados por la intoxicación de metales, tras cinco años de operación.
Por otro lado, organizaciones civiles que respaldan a los Comités de Cuenca, entre los que se encuentran las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles como Greenpeace México, Fundar, Serapaz, Litiga OLE, CIEDH, ProDESC y Acciones Colectivas Sinaloa, presentaron una opinión u Amicus Curiae a la segunda sala a favor del amparo.
El miércoles, la Segunda Sala analizará una propuesta del ministro Javier Laynez Potisek, quien el año pasado también preparó la decisión judicial que otorgó a los Comités de Cuenca un amparo favorable al respecto de su derecho a ser consultados sobre una presa de jales construida por Buena Vista del Cobre en Cananea.
