por Dassaev Rodríguez Ramírez
Infosel, junio. 22.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó a Altán Redes, la empresa encargada del despliegue de la llamada Red Compartida, la inversión que realizará el gobierno federal para garantizar su operación y que convierte al Estado en el mayor accionista de la compañía.
La llegada del gobierno de México como nuevo socio mediante un financiamiento conocido como deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés), permitirá a la empresa encarga del despliegue de la Red Compartida garantizar la continuidad de sus operaciones y servicios y en el corto plazo le dará viabilidad financiera en medio del proceso de concurso mercantil por el que atraviesa.
"El Pleno del IFT determinó que no se prevé que la concentración tenga o pueda tener por objeto o efecto conferir poder sustancial a las partes involucradas, ni establecer barreras a la entrada, impedir a terceros el acceso a los productos y servicios y/o facilitar el ejercicio de conductas prohibidas por la LFCE en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México", dijo el órgano regulador del sector las telecomunicaciones, en un comunicado.
La entrada del gobierno de México en Altán Redes implica que diversos accionistas conviertan deuda en acciones.
El regulador de las telecomunicaciones en México consideró que este movimiento no amenaza la competencia de esta industria, por lo que avaló el movimiento.
"El IFT concluyó que no se advierte que la concentración atente contra el principio de que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la Red Compartida, obligación establecida en el título de concesión correspondiente", agregó el órgano regulador.
El IFT también aprobó una modificación en el contrato Asociación Público Privada (APP) entre Altán Redes y el gobierno de México, a solicitud de Promtel, para aumentar su vigencia a 40 años sin posibilidad de prórroga, en lugar de 20 años con posibilidad de prórroga como estaba previsto originalmente.
El regulador autorizó cambiar las fechas de cumplimiento de los hitos de cobertura de 70, 85 y 92.2% de la población al 30 de noviembre de 2022, 24 de enero de 2027 y 24 de enero de 2028, respectivamente.
El IFT también avaló que Altán Redes pueda celebrar todo tipo de actos, instrumentos y contratos que fueren necesarios, adicionales o distintos al Fideicomiso de Garantía; esto, en relación con el financiamiento analizado en la concentración.
"En la opinión emitida por el Pleno del IFT se determinó que las modificaciones pretendidas no representan un cambio significativo ni una mejora para Altán respecto a las condiciones ofrecidas en el Concurso del cual este concesionario resultó ganador y, en su caso, están plenamente justificadas, que no generan efectos contrarios a la competencia y libre concurrencia en la provisión de los servicios que ofrece Altán, y que no atentan contra el principio de que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la Red Compartida", dijo el órgano regulador.
Infosel, junio. 22.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó a Altán Redes, la empresa encargada del despliegue de la llamada Red Compartida, la inversión que realizará el gobierno federal para garantizar su operación y que convierte al Estado en el mayor accionista de la compañía.
La llegada del gobierno de México como nuevo socio mediante un financiamiento conocido como deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés), permitirá a la empresa encarga del despliegue de la Red Compartida garantizar la continuidad de sus operaciones y servicios y en el corto plazo le dará viabilidad financiera en medio del proceso de concurso mercantil por el que atraviesa.
"El Pleno del IFT determinó que no se prevé que la concentración tenga o pueda tener por objeto o efecto conferir poder sustancial a las partes involucradas, ni establecer barreras a la entrada, impedir a terceros el acceso a los productos y servicios y/o facilitar el ejercicio de conductas prohibidas por la LFCE en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México", dijo el órgano regulador del sector las telecomunicaciones, en un comunicado.
La entrada del gobierno de México en Altán Redes implica que diversos accionistas conviertan deuda en acciones.
El regulador de las telecomunicaciones en México consideró que este movimiento no amenaza la competencia de esta industria, por lo que avaló el movimiento.
"El IFT concluyó que no se advierte que la concentración atente contra el principio de que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la Red Compartida, obligación establecida en el título de concesión correspondiente", agregó el órgano regulador.
El IFT también aprobó una modificación en el contrato Asociación Público Privada (APP) entre Altán Redes y el gobierno de México, a solicitud de Promtel, para aumentar su vigencia a 40 años sin posibilidad de prórroga, en lugar de 20 años con posibilidad de prórroga como estaba previsto originalmente.
El regulador autorizó cambiar las fechas de cumplimiento de los hitos de cobertura de 70, 85 y 92.2% de la población al 30 de noviembre de 2022, 24 de enero de 2027 y 24 de enero de 2028, respectivamente.
El IFT también avaló que Altán Redes pueda celebrar todo tipo de actos, instrumentos y contratos que fueren necesarios, adicionales o distintos al Fideicomiso de Garantía; esto, en relación con el financiamiento analizado en la concentración.
"En la opinión emitida por el Pleno del IFT se determinó que las modificaciones pretendidas no representan un cambio significativo ni una mejora para Altán respecto a las condiciones ofrecidas en el Concurso del cual este concesionario resultó ganador y, en su caso, están plenamente justificadas, que no generan efectos contrarios a la competencia y libre concurrencia en la provisión de los servicios que ofrece Altán, y que no atentan contra el principio de que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la Red Compartida", dijo el órgano regulador.