por Michelle del Campo
Infosel, febrero. 18.- Un juez otorgó una suspensión provisional relacionada con tres demandas de amparo contra la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más representativos de la actual administración del Gobierno Federal.
El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán admitió las demandas de amparo presentadas el 20 de enero por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xiinbal y el Colectivo Chuun t`aan; y determinó conceder las suspensiones provisionales ante su potencial riesgo contra el derecho a un medio ambiente sano, dijeron las organizaciones, en un comunicado.
"El acto reclamado consiste básicamente en la autorización de impacto ambiental, que, conforme a la ley de la materia, es la culminación de un proceso en el que se somete a criterio de la autoridad un catálogo de efectos que una obra puede llegar a generar sobre el medio ambiente", dijo el juez en su decisión, citado en un comunicado emitido por las organizaciones.
La decisión del juez se basa en que dicha determinación implica un "riesgo preponderante" para el ejercicio del derecho a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos y futuras generaciones.
Tras la decisión, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la entidad federal encargada del desarrollo del Tren Maya, deberá detener temporalmente las obras relacionadas con el tramo 3 del proyecto que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio, hasta que se defina si se determina una suspensión definitiva.
La construcción tramo 3 del Tren Maya, que consiste en la edificación de 172 kilómetro desde Calkiní, en el estado de Campeche hasta Izama, en Yucatán, fue asignada en mayo a un consorcio encabezado por Construcciones Urales, una subsidiaria de la empresa española de infraestructura Grupo Azvi, que ese mismo mes inició los trabajos de construcción.
Esta suspensión provisional se sumó a las obtenidas por otras organizaciones y comunidades contra el proyecto.
En diciembre, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y varias organizaciones indígenas y de derechos humanos recibieron de un juez medidas cautelares definitivas que evitarán --al menos por un tiempo-- que el gobierno prosiga con la construcción del tramo 2, que va de de Escárcega a Calkiní, en Campeche.
Infosel, febrero. 18.- Un juez otorgó una suspensión provisional relacionada con tres demandas de amparo contra la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más representativos de la actual administración del Gobierno Federal.
El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán admitió las demandas de amparo presentadas el 20 de enero por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xiinbal y el Colectivo Chuun t`aan; y determinó conceder las suspensiones provisionales ante su potencial riesgo contra el derecho a un medio ambiente sano, dijeron las organizaciones, en un comunicado.
"El acto reclamado consiste básicamente en la autorización de impacto ambiental, que, conforme a la ley de la materia, es la culminación de un proceso en el que se somete a criterio de la autoridad un catálogo de efectos que una obra puede llegar a generar sobre el medio ambiente", dijo el juez en su decisión, citado en un comunicado emitido por las organizaciones.
La decisión del juez se basa en que dicha determinación implica un "riesgo preponderante" para el ejercicio del derecho a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos y futuras generaciones.
Tras la decisión, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la entidad federal encargada del desarrollo del Tren Maya, deberá detener temporalmente las obras relacionadas con el tramo 3 del proyecto que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio, hasta que se defina si se determina una suspensión definitiva.
La construcción tramo 3 del Tren Maya, que consiste en la edificación de 172 kilómetro desde Calkiní, en el estado de Campeche hasta Izama, en Yucatán, fue asignada en mayo a un consorcio encabezado por Construcciones Urales, una subsidiaria de la empresa española de infraestructura Grupo Azvi, que ese mismo mes inició los trabajos de construcción.
Esta suspensión provisional se sumó a las obtenidas por otras organizaciones y comunidades contra el proyecto.
En diciembre, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y varias organizaciones indígenas y de derechos humanos recibieron de un juez medidas cautelares definitivas que evitarán --al menos por un tiempo-- que el gobierno prosiga con la construcción del tramo 2, que va de de Escárcega a Calkiní, en Campeche.