La reciente decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. tiene importantes repercusiones en la forma en que los litigios por daños masivos pueden resolverse a través de la quiebra. El fallo, que se produjo el jueves, determinó que la ley de quiebras no permite a los tribunales liberar demandas legales contra entidades que no se hayan declarado en quiebra, sin el consentimiento de los demandantes.
Esta decisión afecta directamente al acuerdo del Capítulo 11 de Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin. El acuerdo pretendía proporcionar inmunidad frente a demandas a la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma, a pesar de que la familia no se había declarado en quiebra. Los Sackler habían acordado aportar hasta 6.000 millones de dólares al acuerdo, que se destinaban a hacer frente a la crisis de los opioides.
Tradicionalmente, los tribunales de quiebra se han considerado lugares favorables para resolver litigios complejos, ya que pueden detener las demandas en curso, obligar a los demandantes reacios a aceptar acuerdos y proporcionar un mecanismo para hacer frente a futuras demandas similares. Las exoneraciones de no deudores han sido especialmente útiles para obtener fondos de terceros que buscan protección jurídica a cambio de contribuir a un acuerdo.
La decisión del Tribunal Supremo suprime ahora la posibilidad de exonerar a los no deudores sin el consentimiento de los demandantes, lo que podría tener consecuencias más amplias para las entidades que se enfrentan a demandas por daños masivos. Los críticos han argumentado que las empresas ricas han hecho un mal uso de la quiebra para evitar costosas demandas, en lugar de gestionar las deudas tradicionales.
El juez Brett Kavanaugh, en una opinión disidente, destacó la importancia de las exoneraciones de los no deudores en los tribunales de quiebras, en particular en la gestión de las quiebras por daños masivos. Destacó que el acuerdo de Purdue era un ejemplo de funcionamiento eficaz del sistema de quiebra. Sin las protecciones legales para los Sackler, señaló, existe el riesgo de perder una financiación sustancial que beneficiaría a las comunidades y a las personas perjudicadas por la crisis de los opiáceos.
Es probable que la sentencia aumente la dependencia de otras estrategias para resolver los daños masivos, como los litigios federales multidistrito o una serie de juicios en otros tribunales. Algunos expertos expresan su preocupación de que esto podría dar lugar a una menor compensación para las víctimas, ya que las partes externas podrían estar menos dispuestas a contribuir con fondos de liquidación sin la protección de las liberaciones de no deudores.
Organizaciones como los Boy Scouts of America y las diócesis católicas han argumentado anteriormente que la quiebra es la única manera de resolver integralmente sus problemas legales, siendo las liberaciones de no deudores esenciales para asegurar las contribuciones de organizaciones externas que también pueden ser responsables.
El juez Neal Gorsuch, escribiendo para la mayoría, sugirió que entidades como los Sackler podrían ofrecer más dinero para persuadir a los litigantes holdout. Sin embargo, señaló que la ley actual no apoya las exenciones que buscaban, y que tales debates sobre el dinero de los acuerdos deben abordarse en el Congreso o en otros foros apropiados.
En un caso relacionado, el conglomerado industrial 3M (NYSE:MMM) intentó utilizar la quiebra de su filial Aearo para resolver unas 300.000 demandas en las que se alegaba que la empresa había vendido tapones para los oídos defectuosos al ejército estadounidense. Después de que un tribunal de quiebras desestimara el recurso de Aearo al Capítulo 11 por considerarlo un intento indebido de proteger a 3M de las demandas, la empresa llegó a un acuerdo de 6.000 millones de dólares al margen de la quiebra.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.