En medio del proceso de liquidación de Crédito Real, un grupo de accionistas minoritarios tiene la intención de participar en una asamblea a celebrarse tentativamente el 15 de agosto, en la que se tratará la reestructura de la empresa.
Dicho grupo está conformado por 269 miembros, que a la fecha poseen en conjunto 45.6 millones de acciones de Crédito Real, equivalentes a 12.36% del total de títulos en circulación.
La intención es pedir garantías de protección a su inversión, pues actualmente no pueden vender sus acciones debido a que su cotización se encuentra suspendida desde junio, y conseguir lugares en el consejo de administración para seguir de cerca la liquidación de la compañía.
"Nos representaremos para nombrar un consejero y un comisario para que estén al tanto de lo que se va a hacer en el proceso de liquidación", dijo a EL CEO Samuel Hernández, creador de la iniciativa.
A principios de julio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó a la empresa realizar una asamblea en el domicilio de la sociedad, ubicado en la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México, el 15 de agosto.
Según un documento que se encuentra en las Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) de la Secretaría de Economía, Crédito Real deberá presentar información sobre la reestructura, así como su situación operativa, financiera y legal.
Asientos en el consejo, ¿una posibilidad?
Después de la orden de la CNBV, Crédito Real comenzó a publicar más detalles sobre el estatus actual de la compañía. Sin embargo, hasta el momento no hay información sobre una eventual cancelación de la asamblea.
La financiera no bancaria mexicana comunicó al mercado el 14 de julio que un juez civil declaró su disolución y ordenó la liquidación de la empresa, designando como liquidador al abogado Fernando Alonso de Florida del despacho Jáuregui y del Valle.
A la fecha, Crédito Real no tiene consejo de administración debido a una ola de renuncias que se dieron en los últimos meses. También salieron los directores general y jurídico, Felipe Guelfi Regules y Rodrigo Ruanova Morett porque así lo dispuso el liquidador.
"Estamos partiendo del hecho de que pese a que no hay en este momento consejeros la asamblea no se ha cancelado. Queremos hacerles saber que nos vamos a representar para tener conocimiento de la forma en la que van a operar, directamente con el liquidador", comentó Héctor Urquiza, otro miembro del grupo.
Los mismos estatutos de Crédito Real señalan que la tenencia de al menos 10% del capital social da pauta a tomar un asiento en el consejo. En el documento publicado en el PSM, que todavía firmó Felipe Guelfi, se establece que se designarán delegados para adoptar las resoluciones del día de la asamblea.
En el evento, los legitimados para acudir y ejercer derechos corporativos podrán ser representados conforme a lo previsto en el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Dicho artículo establece que “los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representación deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos y a falta de estipulación, por escrito”.
Agosto será un mes clave
Dos semanas antes de la eventual asamblea, el 2 de agosto, es una fecha clave para Crédito Real, cuando se lleve a cabo una audiencia en la Corte de Nueva York para abordar la desestimación del proceso involuntario bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos que solicitaron tres acreedores.
Además del proceso de liquidación en México que inició Ángel Francisco Romano Berrondo, ex director general hasta el año pasado y miembro de una de las dos familias de control, la compañía solicitó a un tribunal de Delaware iniciar un proceso de reestructura bajo la protección del Capítulo 15 en Estados Unidos.
Como parte de la liquidación, el juez civil dictó medidas cautelares que prohíben embargos, aseguramientos, juicios ejecutivos, y secuestro de bienes para cobrarse sobre el patrimonio de Crédito Real.
La empresa informó que hasta el momento solo Banco Santander (BME:SAN) y BBVA (BME:BBVA) solicitaron medidas cautelares en su contra en México, pero la empresa tiene vencimientos de deuda por más de 50,000 millones de pesos con diferentes instituciones.
El hecho de que ya haya un liquidador designado para la entidad en México significa que el proceso ya comenzó, tienen que empezar a pagar a los acreedores conforme a los activos que tienen. Si el liquidador detecta que hay irregularidades se le va a informar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto
explicó Salvador Mejía, socio de la firma de abogados Asimetrics.
Los accionistas minoritarios del grupo quieren asegurarse de que los procesos simultáneos en México y Estados Unidos convengan a todas las partes. Durante el transcurso de esta semana se tiene contemplada una reunión de todos los miembros y sus asesores para trazar rutas legales y votar por los candidatos para ocupar los lugares en el consejo.
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