por Michelle del Campo
(Retransmite la nota publicada el 27 de mayo)
Infosel, mayo. 28.- Organizaciones sociales y representantes de pueblos indígenas solicitaron públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretar como inconstitucional la Ley Minera, ya que consideran viola sus derechos de libre determinación sobre su territorio.
Hace unos días, el 13 de mayo, la Segunda Sala decidió apartar de la lista de asuntos a discutirse un proyecto de sentencia, preparado por el ministro Javier Laynez, que consideraba que la Ley Minera no afectaba a las comunidades indígenas.
"La Segunda Sala, tiene la oportunidad histórica de declarar [la Ley Minera] inconstitucional y, con ello, reconocer el derecho de los pueblos a la autodeterminación sobre su territorio, particularmente sobre proyectos de desarrollo que los afectan", dijeron las organizaciones que incluye al Consejo Maseual Altepetajpianij y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en un comunicado emitido en el marco de un foro virtual sobre el tema.
Los demandantes, pobladores del estado de Puebla, consideran que la Ley Minera incluye procedimientos de concesión que protegen los mega-proyectos y reclaman la falta de mecanismos de consulta a las comunidades.
En ese sentido, algunas de las organizaciones participantes en el foro exigen que la ley incluya como condición obligatoria el consentimiento de las comunidades a los proyectos.
"El derecho a la consulta previa, si bien resulta fundamental, tiene limitaciones, puesto que no otorga a las comunidades derecho de veto. El objetivo es hacer obligatoria la obtención del consentimiento por parte de las comunidades para poder emprender los proyectos", dijo Carlos Lozano, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), citado en el comunicado.
De acuerdo con expertos, si bien la actual Ley Minera puede ser perfectible, no podría ser considerada inconstitucional.
"En otras palabras, es verdad que el ordenamiento impugnado carece de un mecanismo expreso de consulta a las comunidades indígenas en el evento de que un lote minero a concesionar se encuentre en sus terrenos, o colindancias, pero otros ordenamientos prevén la obligatoriedad de la consulta", escribió Miguel Rosillo, abogado y experto en derecho constitucional, en una opinión publicada en Sentido Común.
"Aun aceptando la utilidad de incorporar un sistema consultivo especial en la Ley Minera, no se infiere su nulidad. El hecho de que una ley sea perfectible no implica que sea inconstitucional".
(Retransmite la nota publicada el 27 de mayo)
Infosel, mayo. 28.- Organizaciones sociales y representantes de pueblos indígenas solicitaron públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretar como inconstitucional la Ley Minera, ya que consideran viola sus derechos de libre determinación sobre su territorio.
Hace unos días, el 13 de mayo, la Segunda Sala decidió apartar de la lista de asuntos a discutirse un proyecto de sentencia, preparado por el ministro Javier Laynez, que consideraba que la Ley Minera no afectaba a las comunidades indígenas.
"La Segunda Sala, tiene la oportunidad histórica de declarar [la Ley Minera] inconstitucional y, con ello, reconocer el derecho de los pueblos a la autodeterminación sobre su territorio, particularmente sobre proyectos de desarrollo que los afectan", dijeron las organizaciones que incluye al Consejo Maseual Altepetajpianij y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en un comunicado emitido en el marco de un foro virtual sobre el tema.
Los demandantes, pobladores del estado de Puebla, consideran que la Ley Minera incluye procedimientos de concesión que protegen los mega-proyectos y reclaman la falta de mecanismos de consulta a las comunidades.
En ese sentido, algunas de las organizaciones participantes en el foro exigen que la ley incluya como condición obligatoria el consentimiento de las comunidades a los proyectos.
"El derecho a la consulta previa, si bien resulta fundamental, tiene limitaciones, puesto que no otorga a las comunidades derecho de veto. El objetivo es hacer obligatoria la obtención del consentimiento por parte de las comunidades para poder emprender los proyectos", dijo Carlos Lozano, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), citado en el comunicado.
De acuerdo con expertos, si bien la actual Ley Minera puede ser perfectible, no podría ser considerada inconstitucional.
"En otras palabras, es verdad que el ordenamiento impugnado carece de un mecanismo expreso de consulta a las comunidades indígenas en el evento de que un lote minero a concesionar se encuentre en sus terrenos, o colindancias, pero otros ordenamientos prevén la obligatoriedad de la consulta", escribió Miguel Rosillo, abogado y experto en derecho constitucional, en una opinión publicada en Sentido Común.
"Aun aceptando la utilidad de incorporar un sistema consultivo especial en la Ley Minera, no se infiere su nulidad. El hecho de que una ley sea perfectible no implica que sea inconstitucional".