por Michelle del Campo
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Infosel, mayo. 23.- Productores de tomate mexicano realizaron una nueva propuesta al Departamento de Comercio de Estados Unidos, con la que buscan reactivar el acuerdo de suspensión que les había permitido hasta este mes importar sus productos sin pagar cuotas, luego de ser señalados por prácticas de comercio desleal en 1996.
La oferta considera precios de referencia hasta 180% mayores a los establecidos en el acuerdo de suspensión anterior para ciertas categorías de tomates, así como mayores controles para evitar la entrada de productos que no cumplan con los acuerdos de comercialización --es decir, los pedidos regulados por el Departamento de Agricultura para estabilizar el mercado--, dijo Mexico Tomates Growers, una asociación que aglutina los intereses de los productores mexicanos del estado de Sinaloa, en un comunicado.
"Presentamos una propuesta muy fuerte a Comercio en abril. Desde entonces, hemos progresado de manera limitada en las negociaciones", dijo Rosario Antonio Beltrán, presidente de la Asociación de productores del estado de Sinaloa, en el comunicado. "Esperamos que Comercio analice de cerca esta propuesta y perciba cuán poderosa es".
La nueva oferta mexicana fue puesta en la mesa de negociación una semana después del rechazo de otra proposición realizada por el Departamento de Comercio, que los productores mexicanos consideraron atentaba en algunas cláusulas contra los derechos de los compradores estadounidenses al limitarles la capacidad de rechazar tomates con defectos y recibir un reembolso por sus costos.
De hecho, este tema controvertido de incumplimientos de garantía, que ha sido impulsado por Florida Tomato Exchange (FTE), la asociación de productores del estado de Florida, no fue retomado en la nueva propuesta mexicana.
"Si bien los incumplimientos de la garantía no ocurren con frecuencia, los productores mexicanos no tienen el derecho legal de negar daños", agregó Mexico Tomato Growers, en su comunicado.
Esta semana, los tomateros de Florida defendieron la propuesta de su gobierno, señalando que permitía a los compradores estadounidenses ajustar sus precios tanto por defectos de condición como de calidad; además, eliminaba el incentivo para que los productores mexicanos enviaran tomates que sabían no cumplirían con los estándares de entrega, deduciendo el valor de sus pedidos, algo que les permite bajar el precio de los productos que formaban parte de los cargamentos y que sí cumplían con los estándares.
Los tomateros mexicanos abordan el tema proponiendo la eliminación de 100% del producto defectuoso, retornando una parte del cargamento a México y realizando la destrucción del resto bajo la supervisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, así como estableciendo mayores penalizaciones de envíos que superen cierto nivel de producto defectuoso, además de la presentación de declaraciones certificadas sobre los envíos, que de resultar, falsas podrían dar lugar a sanciones civiles.
Los mexicanos también proponen vincular el acuerdo al que lleguen con el gobierno de Estados Unidos al Perishable Agricultural Commodities Act (PACA), la legislación que protege a las empresas que venden frutas y verduras, que establece un código de prácticas comerciales justas y ayuda a las empresas a resolver disputas comerciales.
Ahora, la decisión sobre la oferta mexicana está en manos del Departamento de Comercio, que en paralelo enfrenta una demanda por parte de los mexicanos en la Corte Internacional de Comercio, tras su decisión de retirarse del acuerdo de suspensión.
En 1996, los exportadores de tomate o jitomate de México fueron culpados de ejercer prácticas de comercio desleal en sus exportaciones hacia Estados Unidos y, por consiguiente, se hicieron acreedores de cuotas antidumping.
Para evitar la penalización, los agricultores concretaron un acuerdo que establece precios mínimos con las autoridades estadounidenses, mismo que se renovaba cada cinco años, hasta 2018, cuando luego de varios intentos de sentarse a la mesa, los mexicanos no lograron establecer diálogo con el Departamento de Comercio para renovar el acuerdo antes de su vencimiento, de acuerdo con los productores mexicanos.
En febrero de este año, el Departamento de Comercio decidió retirarse del acuerdo de suspensión que activó la investigación contra las exportaciones mexicanas, así como el pago de garantías provisionales de 17.5%.