SANTIAGO, 18 nov (Reuters) - Walmart (NYSE:WMT) afirmó que el Estado chileno no ha garantizado el orden público al presentar ante la justicia varios recursos de protección, después de que más de un centenar de sus locales fueron saqueados e incendiados durante una ola de protestas sociales.
De acuerdo a uno de los documentos presentados ante la justicia en el sur del país, los hechos de violencia registrados durante el mes de movilizaciones en Chile han puesto en riesgo a trabajadores y clientes de la gigante estadounidense WMT.N .
"Vengo en interponer recurso de protección en contra del Estado de Chile", señala el documento con fecha 13 de noviembre de 2019 presentado por abogados ante un tribunal de la sureña ciudad de Concepción.
"El Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior", añade el texto, que señala que las empresas representadas "requieren urgentemente de la necesaria presencia y acción disuasiva y protectora de las fuerzas de orden y seguridad pública".
Recursos similares se presentaron en otras cinco ciudades chilenas, incluidas Temuco y Puerto Montt en el sur y Arica en el extremo norte.
Walmart Chile, que opera la popular cadena de supermercados Lider y Súper Bodega ACuenta, tiene cerca de 400 locales en el país sudamericano, sacudido hace un mes por una ola de protestas que ha dejado al menos 20 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos. un comunicado de prensa enviado a Reuters, la firma señaló que "la Compañía no pretende ni ha pretendido responsabilizar al Estado por los daños en sus supermercados, sino que por el contrario se busca solicitar seguridad en casos puntuales".
"Como compañía hemos sufrido más de 1.200 episodios de saqueos y resaqueos e incendios, los que han afectado a 128 locales, además de 34 supermercados incendiados, 17 de ellos con pérdida total", añadió la nota.
La portavoz del gobierno, Karla Rubilar, aseguró el lunes a periodistas que "trabajamos desde el día 1 no solamente con esa empresa sino con todas las empresas (...) para garantizar el orden público y la seguridad".
(Reporte de Erik Lopez y Aislinn Laing, Escrito por Natalia Ramos, Editado en Español por Manuel Farías)