En un entorno en el que, durante 2022 hubo 85 asesinatos diarios en México ─lo que el gobierno incluso trata de vender como un éxito frente al año anterior, con 91 por día─, Andrés Manuel López Obrador se encamina hacia la increíble cifra de 200 mil asesinatos al final de su mandato, en septiembre de 2024.
Y, por si todo esto fuera poco, miles de personas desaparecen simplemente en México cada año.
Actualmente en el país, la tortura sistemática sigue siendo estándar en las prácticas de las fuerzas de seguridad, y la mayoría de los delitos quedan impunes. Un 98 por ciento de todos los crímenes nunca llegan a ser esclarecidos por la justicia de los tres niveles de gobierno.
El uso de la tortura está absolutamente prohibido por el derecho internacional, en cualquier circunstancia y en todo momento. No obstante, la práctica de esta conducta ilegal es generalizada, especialmente en el marco del proceso penal.
En este contexto y de acuerdo con información contenida en el Registro Nacional de Delitos de Tortura (Renadet) ─coordinado y administrado por la Fiscalía General de la República (FGR)─, del 1 de enero de 2018 al 30 de noviembre de 2022 en el fuero común y del 1 de abril del 2018 al 30 de noviembre de 2022 en el fuero federal, a nivel nacional se han abierto 14,692 expedientes.
De ese gran total, en 2018 se registraron 3,011 expedientes abiertos; en 2019, 3,710; para 2020 fueron 2,861; en tanto que para 2021 los expedientes fueron 2,825; para 2022, el registro fue tan sólo de 2,285.
Como podemos observar, 2019 fue el año en donde el número de expedientes abiertos fue mayor con 3,710 y en 2022 cuando menos se registraron, con 2,285, es decir, una diferencia a la baja de 1,425.
Por entidad, durante el mismo periodo 2018-2022, los estados que más abrieron expedientes fueron: Ciudad de México, con 2,151, lo que representa el 14.6 por ciento; Chihuahua, 1,296 (8.8%) y el Estado de México, con 1,171 expedientes (8%)
Asimismo, de los 14,692 expedientes abiertos, 11,970 corresponden a tortura, mientras el restante 2,600 de los casos fueron por tratos crueles.
Los delitos de tortura ocurrieron principalmente en Ciudad de México, con 2,050 (17.1%); Chihuahua, 1,288 (10.8%) y el Estado de México, 1,024 (8.6%). Mientras que por tratos crueles se concentraron en Veracruz, 448 (17.2%); Nayarit, 426 (16.4%) y Morelos, 285 (11%).
DELITOS DEL FUERO COMÚN
En cuanto a los delitos del fuero común en 26 de los 32 estado de la República Mexicana, Fiscalías y Procuradurías participantes reportan en el mismo periodo de 1 de enero de 2018 al 30 de noviembre de 2022, se han abierto 9,128 expedientes, un promedio de 1,857 anuales.
Por año, en el 2018 hubo un registro de 2,301; en 2019, 2,302; para 2020, la cifra fue de 2,014; en 2021, 1,631, y en el año de 2022 llegó a 880 expedientes abiertos.
De estos 9,128 expedientes, los delitos por los que se abrieron ocurrieron principalmente en la Ciudad de México, con 1,950 (21.4%); Chihuahua, 1,239 (13.6%) y Quintana Roo, 750 (8.2%).
De igual manera, a nivel estatal se han abierto 8,957 expedientes por tortura, y 142 por tratos crueles. Los delitos de tortura ocurrieron principalmente en Ciudad de México, 1,946 (21.7%); Chihuahua, 1,239 (13.8%) y el Estado de México, con 699 (7.8%). Los tratos crueles se concentraron en Quintana Roo, 68 (47.9%); Nuevo León, 38 (26.8%) y Tabasco registró 10 (7%).
DELITOS DEL FUERO FEDERAL (FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)
Por lo que respecta a la Fiscalía General de la República (FGR) los expedientes relacionados con el fuero federal, también del 1 de enero de 2018 a 30 de noviembre de 2022, las Fiscalías Especializadas y Delegaciones participantes reportaron que se han abierto 5,564 expedientes, en promedio 1,132 expedientes anuales.
En 2018 los expedientes abiertos fueron 710, para 2019 la cifra aumentó a 1,408; en tanto que para el año 2020 se registraron 847; en 2021 se incrementó a 1,194 y para 2022 el número escaló hasta los 1,405 delitos.
Las violaciones por las que se abrieron estos expedientes ocurrieron principalmente en Veracruz, 582 (10.5%); Oaxaca, 563 (10.1%); Jalisco, con 520 (9.3%); Estado de México, 472 expedientes (8.5%), y Nayarit, 459 (8.2%).
A nivel federal se han abierto 3,068 expedientes por tortura, y 2,496 por tratos crueles. Los estados donde se presentaron los delitos de tortura son Jalisco, con 439 registros (14.3%); Oaxaca, 408 (13.3%); y el Estado de México, 325 (10.6%). Con relación a los tratos crueles, estos se concentraron en Veracruz, 448 (17.9%); Nayarit, 426 (17.1%), y Morelos, 285 (11.4%).
Tal vez los números estadísticos no muestran el grave problema de la tortura en nuestro país, lo que no debemos soslayar y que es una irrefutable verdad es que la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a manos de las Fuerzas Armadas (Sedena, Sedema, Guardia Nacional) y la policía, ya sea en los ámbitos Federal, estatal o municipal, continúa como una práctica generalizada en todo México, y la impunidad reina entre los responsables de estos actos.
Ahora bien, acorde con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada el 26 de junio de 2017, en su Artículo 1 dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
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Este primer Artículo de la Ley es bastante claro, pero, ¿en realidad lo llevan a la práctica?
La Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), señala que se entenderá por tortura “todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras”.
De acuerdo con el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, en su “Análisis Sobre los Patrones de Tortura Usados en México y los impactos en los Sobrevivientes de Tortura”, la tortura se ha usado sistemáticamente para la fabricación de culpables realizando detenciones arbitrarias, en pro de promover una imagen de seguridad nacional falsa, en la que es Estado usa y abusa de su poder para torturar impunemente a miles de personas tratando de dañar no sólo al individuo sino a su tejido social y sembrando un estado de terror.
El Colectivo resalta que la impunidad en estos actos sigue siendo casi absoluta, a pesar de las numerosas denuncias de golpizas, semiasfixias, descargas eléctricas, violaciones y agresiones de índole sexual durante las operaciones policiales y militares, no importa si son mujeres u hombres.
La tortura es un ejercicio de poder, ya sea en un contexto político para mantener un orden o en el combate a la delincuencia organizada, en donde la población en general es vulnerable a las detenciones arbitrarias, a la desaparición forzada y, en muchos casos, a las ejecuciones extrajudiciales.
Ante este escenario, para el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, es fundamental que se investigue, se sentencie y se repare el daño a todas las personas que denuncien las tortura en México, para que se inicie el camino de la reconstrucción, de la justicia y la verdad.
Asimismo, puntualiza que el Estado Mexicano está obligado a generar estrategias que den señales de voluntad en el sentido del compromiso para trabajar en beneficio de los sobrevivientes de tortura y en contra de su uso.
