Por Gustavo Palencia y Lizbeth Diaz
TEGUCIGALPA / CIUDAD DE MÉXICO, 22 ene (Reuters) - Migrantes hondureños que fueron retornados a su país enfurecieron contra su presidente esta semana, acusándolo de hacer que su país sea inhabitable y de frustrar su búsqueda de una vida mejor, luego de que fuerzas de seguridad de la región bloquearon su caravana con destino a Estados Unidos.
Honduras se está recuperando de dos huracanes consecutivos que devastaron Centroamérica en noviembre, así como de una contracción económica histórica a raíz de la pandemia de coronavirus.
El presidente Juan Orlando Hernández también ha sido criticado por los fiscales estadounidenses que lo acusaron de tener vínculos con los cárteles de la droga, una imputación que él ha negado rotundamente.
Se estima que unos 8,000 hondureños intentaron huir esta semana en una caravana masiva con la esperanza de llegar a Estados Unidos, pero después de que los gobiernos regionales, incluido Honduras, organizaron una operación militar coordinada para repelerla, los migrantes retornados están dirigiendo su frustración hacia su gobierno.
Más de 4,500 hondureños, incluidos unos 600 niños, han sido devueltos al país por las autoridades guatemaltecas durante la última semana.
Entre ellos se encontraba Isaac Portillo, de 18 años, quien dijo que se sentía tan desesperado por su regreso forzado a Honduras que pensó en suicidarse.
Al igual que otros migrantes retornados, la desesperación de Portillo se convirtió rápidamente en ira. Planea unirse a una marcha hacia la capital, Tegucigalpa, el viernes, solo una semana después de que intentó huir de su país.
"Vamos a sacar a nuestro narcodictador", amenazó. "Yo ya tengo mi grupo".
El gobierno hondureño no respondió a las solicitudes de comentarios. Hernández ha dicho que las acusaciones en su contra provienen de traficantes enojados por la represión de su administración contra las redes criminales.
Grupos de WhatsApp, Facebook (NASDAQ:FB) y Telegram con miles de miembros están llenos de mensajes de enojo que piden la destitución de Hernández.
Honduras se ha visto sacudida por grandes movilizaciones antigubernamentales en los últimos años, aunque no está claro si se materializará la gran protesta planeada para el viernes.
La evidencia presentada por los fiscales estadounidenses este mes acusó a Hernández de aceptar sobornos de narcotraficantes y ha avivado aún más la ira contra el presidente, cuyo hermano fue condenado por tráfico de drogas en un tribunal estadounidense el año pasado.
OLLA A PRESIÓN
Muchos hondureños han criticado lo que consideran fue una respuesta deslucida del Gobierno a los huracanes, que causaron casi 2,000 millones de dólares en daños materiales y obligaron a más de 90,000 personas a refugiarse. Autoridades indicaron que brindaron ayuda a miles de familias desplazadas por las tormentas.
Portillo señaló que su familia no recibió apoyo gubernamental. Su padre ya había perdido un empleo como guardia de seguridad cuando las restricciones ligadas a la pandemia devastaron la economía, y su hermana de 14 años tuvo que dejar sus estudios mientras la familia se hundía más en la pobreza.
Tras ser retornado por autoridades guatemaltecas esta semana, Portillo una vez más se encontró viviendo debajo del puente donde él y su familia buscaron refugio luego de que su casa fuera destruida por las inundaciones de noviembre. La familia volvió a huir, esta vez a la casa de un pariente después de que, según explicó, el Gobierno amenazó con desalojarlos.
"Solo quería trabajar (en el extranjero) y sacar adelante a mi familia, y poner a estudiar a mi hermanita de nuevo", confesó Portillo.
La migración hacia el norte tradicionalmente ha ofrecido a las naciones centroamericanas un escape para aliviar el descontento interno, pero el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a los gobiernos regionales para que reprimieran los flujos migratorios.
Si bien su sucesor, Joe Biden, se ha comprometido a flexibilizar las políticas de migración y abordar las raíces del problema, parece haber pocas perspectivas de un cambio rápido en la forma en que los gobiernos de la región controlan a los migrantes, en particular movimientos de masas como caravanas.
Tonatiuh Guillén, exjefe del Instituto Nacional de Migración de México, dijo que la contención en curso significaba que la frustración podría estallar. "Es como una olla de presión", dijo Guillén, quien ha criticado la creciente aplicación de la ley de inmigración por parte de los militares de la región. (Reporte de Laura Gottesdiener en Tapachula y Lizbeth Díaz en Ciudad de México. Reporte adicional de Gustavo Palencia en Tegucigalpa y Sofía Menchú en Ciudad de Guatemala; Escrito por Laura Gottesdiener. Traducción de Abraham González y Miguel Angel Gutiérrez)