En recientes semanas hemos sido testigos de cómo en diferentes sitios se ha celebrado la entrada de la Ley Fintech como un "esfuerzo para que las empresas con dicha categoría puedan “encajar” en los modelos de las casas de Bolsa e instituciones de crédito. La ley está enfocada a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) y tiene como objetivo, entre otras cosas, regular los fondos de pago electrónicos, las crowdfunding y criptomonedas. En este último punto, se ha dicho que con la Ley Fintech se “legaliza” al bitcoin y otras criptomonedas.
En México, existen al menos 3 exchanges de criptomonedas conocidas: Volabit, Isbit y Bitso, siendo esta última la más importante. Estas empresas al operar con dichos activos, están obligadas a “alinearse” con estas nuevas disposiciones, sin embargo, pareciera su postura no está del todo clara, por lo menos en el caso de Volabit e Isbit puesto que en sus sitios web oficiales aún no existe comunicado alguno. En el caso de Bitso resulta un poco diferente puesto que sus usuarios probablemente ya debieron haber aceptado (o no) los nuevos términos y condiciones para utilizar sus servicios. Al ser la única empresa que ha hecho un pronunciamiento al respecto, hemos hecho una revisión (a modo de recordatorio) sobre algunos puntos que han sido agregados y otros que ya eran parte de su reglamentación. En este sentido, Bitso indica que los nuevos términos serán modificados en determinados periodos en caso de que haya que ajustarse a las disposiciones de la Ley.
En primer lugar, se emiten prohibiciones en el uso para aquellos residentes donde las leyes no permitan el uso de divisas digitales como: Nueva York y Washington en los Estados Unidos, República Popular Democrática de Corea, Irán, Afganistán, entre otros. De lo contrario la empresa cuenta con todas las facultades para cancelar las cuentas.
Los ingresos sobre las posturas de la exchange no serán publicadas en la Blockchain por cuestiones de confidencialidad. En cuanto a los fondeos o retiros, indican que tienen facultades para ajustar o corregir los registros y en caso de existir algún cargo asociado con dicha corrección, el usuario estaría obligado a saldarlo. Por el lado de las comisiones, éstas se determinan con base en los mercados iniciando con el porcentaje más alto que esté disponible; no obstante, indican que las cuotas pueden cambiar en cualquier momento y no están obligados a informar a los usuarios.
Sobre el aspecto contable, mencionan que por el momento no existe alguna regulación fiscal y es responsabilidad del usuario consultar con un asesor para los efectos asociados con pérdidas y ganancias.
En caso de que se deseara utilizar la plataforma como transmisor de dinero, se tendría que contar con la aprobación de dicha exchange mostrando una licencia o un registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las carteras (o wallets) no cuentan con ningún tipo de seguro, por lo tanto el Gobierno y entidades paraestatales se deslindan sobre los recursos de los clientes; además, si se prohibieran las operaciones en cualquier momento, ninguna entidad gubernamental ni la empresa se harían responsables.
Cuando exista una bifurcación, mejor conocida como hard fork o cualquier modificación en el protocolo de las criptomonedas, la empresa intentaría mantener la disponibilidad de ambas divisas digitales (como sucede con bitcoin y bitcoin cash), pero si no lo consideran pertinente, no está obligada a mantener dicha disponibilidad y tampoco se haría responsable de las consecuencias que pudiesen existir como resultado de las mismas.
Sobre las cuestiones tecnológicas en las operaciones, la empresa indica que no tiene control sobre las fallas de software, hardware, electrónicas o congestión del mercado y por tanto, no es responsable sobre las consecuencias negativas ante la ejecución de dichas órdenes, los usuarios deben tenerlo claro y por lo tanto, estar de acuerdo con ello (en caso de hacer uso de los servicios), esto también considera la interrupción de servicios como los mantenimientos programados o fallas de servicio. A pesar de que ofrecen brindar atención ante alguna eventualidad, en caso de no ser favorable, no se harían cargo sobre las pérdidas de beneficios, ingresos, expectativas de ganancias o daños resultantes. y los usuarios renuncian a ejercer cualquier acción legal. De manera textual indican:
“17.3 En ningún caso seremos responsables por cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, incluyendo, sin limitación, todas las pérdidas, costos, gastos, pérdida de beneficios, pérdida de ingresos o expectativas de ganancias esperadas como consecuencia de la falla en el servicio de BITSO o de nuestro sitio Web, sin importar la causa, período de tiempo o afectación patrimonial. No somos responsables por cualquier daño o perjuicio que cualquier persona que sufra como consecuencia del acceso a nuestro sitio.”
Si la plataforma sufriera algún robo por parte de hackers, la empresa pasaría a los acreedores y las pérdidas se distribuirán por partes iguales entre los usuarios.
Finalmente, aunque se sobreentienda, se establece que en caso de que al usuario no le resulten aceptables dichos términos, entonces se deberá suspender el uso de cualquier servicio prestado por la empresa y no acceder al sitio, de lo contrario el usuario está obligado a cumplir con dichos términos y si los usuarios hacen caso omiso, están obligados a indemnizar y dejar a salvo a la empresa ante cualquier daño que le afecte.
Con la breve revisión anterior, está más que claro que prácticamente la responsabilidad sigue siendo del usuario, lo cuál no resulta novedoso puesto que esto ya se había establecido en el comunicado emitido en 2014 por el Banco de México respecto a los “activos virtuales” o criptomonedas. Lo anterior contrasta con lo que diferentes actores han indicado respecto a que la ley busca “fomentar la protección a los usuarios”.
En diversos sitios se ha entendido que la Ley finalmente “acepta y regula criptomonedas”; sin embargo, valdría la pena agregar a dicha premisa: “pero no se responsabiliza”, porque lo que se observa es que ha servido básicamente para controlar a las exchanges a quienes no les queda otra opción más que aceptarla, puesto que es eso o cerrar. Y pensando en los usuarios, sigue sin tenerse claro cuáles serían, si no los beneficios, el respaldo que pudieran obtener al involucrarse con alguna de estas plataformas, porque pareciera que todo está planeado para las instituciones, dejando toda la responsabilidad en manos de sus clientes.