Un juez de distrito de EEUU impidió que los fiscales presentaran el llamado "comentario de coco" durante el juicio penal del cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, y otros ejecutivos de intercambio de criptomonedas.
El gobierno no podrá usar este argumento durante el juicio en marzo, dijo el jueves el juez de distrito John Koeltl, según informó Bloomberg.
Hayes "habló de una manera claramente jocosa", dijo Koeltl, y agregó que el video de sus comentarios es "altamente incendiario" porque sugiere que hay soborno involucrado. Sin embargo, el juez afirmó:
“No hay evidencia de soborno en las Seychelles, y claramente la relevancia del segmento se ve superada por el peligro de un prejuicio injusto”.La decisión se refiere a un comentario en broma hecho por Hayes durante un debate con un criptoescéptico, el economista Nouriel Roubini en la Cumbre de Blockchain de Asia en julio de 2019, sobre el uso de un coco para sobornar a funcionarios en las Seychelles.
Cuando se le preguntó acerca de operar en jurisdicciones con poca supervisión y sobre los reguladores de Seychelles que operan "en una escala diferente" que los de otros países, Hayes dijo que "simplemente cuesta más sobornarlos", y en cuanto a la cantidad que Hayes pagó para sobornar a los reguladores en las Seychelles, dijo, “un coco”.
Esto fue utilizado por los fiscales como evidencia del deseo del cofundador de evitar la regulación una vez que Hayes fue acusado en 2020 de permitir el lavado de dinero en BitMEX.
Está previsto que Hayes vaya a juicio por los cargos el 30 de marzo, junto con los cofundadores Benjamin Delo y Samuel Reed.
Como se informó, en octubre de 2020, los fiscales estadounidenses presentaron cargos penales acusando a los tres fundadores y al Jefe de Desarrollo Comercial de BitMEX, Gregory Dwyer, de evadir las normas de lavado de dinero. Un año después, Dwyer accedió a ser extraditado a Estados Unidos.
En agosto pasado, BitMEX llegó a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Red de Ejecución de Delitos Financieros, acordando pagar una multa monetaria civil de hasta US$100 millones para resolver los cargos relacionados con las investigaciones de las dos agencias.
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