LIMA, 20 oct (Reuters) - El Gobierno peruano destituyó el martes a una procuradora que investigaba un caso de presunto lavado de activos de la esposa del presidente Ollanta Humala, una decisión que la oposición afirma es un golpe a la lucha contra la corrupción en el país.
La procuradora Julia Príncipe fue separada por "inconducta funcional" por emitir declaraciones a la prensa sobre los casos a su cargo sin permiso oficial correspondiente, dijo el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, para explicar la situación.
Príncipe había anunciado días antes que entregó a un fiscal unas supuestas agendas de la primera dama Nadine Heredia con anotaciones sobre el manejo de fondos no declarados para el partido oficialista, supuestamente provenientes de Venezuela, años antes de que Humala ganara la presidencia en el 2011.
"El cargo de procurador es un cargo de confianza, esta confianza se otorga y esta confianza se retira", dijo Adrianzén en una entrevista con la radio local RPP.
Un fiscal investiga a la esposa del presidente Humala, que dirige el Partido Nacionalista, por presunto lavado de activos tras denuncias de irregularidades en la contabilidad de los aportes para la organización.
Heredia, muy influyente en el Gobierno, ha negado las acusaciones y ha afirmado que las denuncias provienen de sus enemigos políticos de cara a las elecciones de abril del 2016. La primera dama planea encabezar la lista de candidatos al Congreso en los comicios, según fuentes de su propia agrupación.
La procuradora Príncipe, que cumplía el cargo desde el 2009, rechazó la acusación de inconducta funcional y acusó al Gobierno de intentar frenar las investigaciones de presunta corrupción.
"Soy la piedra en el zapato del Gobierno", dijo Príncipe a periodistas antes de ingresar a su despacho para entregar su cargo en medio de aplausos de trabajadores de la procuraduría.
El presidente del Congreso, Luis Iberico, dijo que la destitución empaña la actuación del Gobierno, días antes de que el Parlamento defina el futuro del ministro Adrianzén, quien es acusado de prohibir a Príncipe ejercer libremente su labor.
"Esto es un golpe a la lucha contra la corrupción, además revela una situación política difícil para el Gobierno en este momento", dijo Iberico, un legislador de la oposición que tomó la presidencia del Parlamento en julio. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Javier Leira)