Por Brad Brooks
SAO PAULO, 31 mar (Reuters) - El domingo, las fuerzas armadas de Brasil rindieron homenaje a un golpe de 1964 que condujo a una dictadura de dos décadas, después de que el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que sostiene que la intervención militar salvó al país del comunismo, permitió unas celebraciones prohibidas durante 8 años.
La medida provocó un amplio debate y subrayó el apoyo de Bolsonaro a un gobierno militar que ejecutó a cientos de personas, torturó a miles, cerró el Congreso y dejó a la mayoría de los brasileños con oscuros recuerdos del período.
A los militares no se les ha permitido conmemorar el golpe de 1964 desde 2011, cuando la ex presidenta Dilma Rousseff, una guerrillera de izquierdas que fue encarcelada y torturada bajo la dictadura, ordenó el fin de los eventos que marcan la fecha.
El Ministerio de Defensa de Brasil dijo que las fuerzas armadas no celebrarán conmemoraciones públicas el domingo. Bolsonaro está de viaje en el exterior, pero programó un evento en el palacio presidencial el viernes para conmemorar el aniversario con los mejores militares.
Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, ha elogiado al gobierno militar que dirigió el país entre 1964 y 1985 y ha dicho a menudo que su mayor error fue no matar a suficientes líderes de izquierda. Al comienzo de su carrera política, dijo en el Congreso que estaba "a favor de una dictadura" y que Brasil "nunca resolvería problemas nacionales graves con esta democracia irresponsable".
Como muchos militares y una parte de la población, Bolsonaro considera el golpe de 1964 como una salvación. Señaló el colapso de la economía venezolana bajo gobierno socialista como prueba de que los militares salvaron a Brasil de tal destino.
En lugar de celebraciones públicas, las fuerzas armadas de Brasil dicen que llevarán a cabo programas internos y reuniones que analizarán los hechos que llevaron al golpe de Estado en Brasil, lo que sucedió durante el régimen militar y la importancia del retorno a la democracia de 1985.
A pesar del enfoque más sobrio de los militares, la bendición pública de Bolsonaro ha consternado a muchos.
"Al insistir en un tono de celebración, el presidente ha demostrado una vez más que es ambiguo acerca de los principios democráticos que afirma defender", escribió el periódico Folha de S.Paulo en un editorial esta semana.
"Es evidente que está más inclinado a agitar a los sectores más extremos de la opinión pública, que se encontraban entre sus primeros partidarios en su campaña presidencial".
Los fiscales federales arremetieron contra la decisión de Bolsonaro y dijeron en una declaración por escrito que permitir la celebración iba en contra del deber jurado del presidente de defender la Constitución.
"El golpe de 1964, sin lugar a dudas y sin una historia revisionista, fue una ruptura violenta y antidemocrática del orden constitucional", dijo la oficina de derechos de los ciudadanos de los fiscales federales.
Si bien la mayoría de los brasileños no tienen una opinión marcada sobre la dictadura, algunos la recuerdan como un momento de orden y seguridad relativa, en comparación con el aumento de los delitos violentos en las últimas décadas. Brasil sufrió en 2017 un total de 64.000 asesinatos, mucho más que cualquier otro país.
El cincuenta y uno por ciento de los brasileños en una encuesta de Datafolha publicada en octubre afirmó que la dictadura había dejado un legado negativo, mientras que el 32 por ciento dijo que el período había sido bueno para Brasil. El 17 por ciento restante dijo que no tenía opinión.
La encuesta entre 9.137 personas en todo Brasil tuvo un margen de error de 2 puntos porcentuales.
Brasil, a diferencia de los vecinos sudamericanos de Argentina y Chile que también sufrieron brutales regímenes militares respaldados por Estados Unidos durante la Guerra Fría, nunca ha juzgado a nadie por los asesinatos, torturas y otros abusos cometidos durante su dictadura.
En 2014, un informe de la Comisión de la Verdad presentó pruebas de que el régimen militar de Brasil había asesinado o "desaparecido" a 434 disidentes políticos y había torturado a más de 50.000 personas.
Pero una ley de amnistía de 1979 sigue vigente, lo que significa que ni los militares ni las guerrillas de izquierda en ese momento han sido responsabilizados. (Editado por Richard Chang, traducido por Andres Gonzalez)