México, 10 sep (.).- El Senado mexicano aprobó este martes reformas legales para combatir a las empresas fantasma y el uso de facturas falsas que en los últimos cinco años permitieron una evasión fiscal de 354.000 millones de pesos (unos 18.107 millones de dólares).
La denominada Ley contra las Empresas Fantasmas y Evasión Fiscal, que fue aprobada en lo general por 82 votos a favor y 34 en contra, está destinada a "erradicar la corrupción, las empresas inexistentes y el uso de facturas falsas", informó el Senado en un boletín.
El dictamen aprobado reforma, deroga o añade disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
En el marco de esta nuevas leyes, se elevarán de cinco a ocho años de prisión a quien, por terceras personas, expida, enajene, compra o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Considerado ahora como un delito que puede ser castigado con prisión preventiva, el uso de las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas se considerará como un similar al contrabando.
Entre el 2014 y hasta junio de 2019, las autoridades han identificado cerca de 9.000 empresas que facturan operaciones simuladas
El universo de facturas falsas detectado es de más de 8 millones por un monto de 1,6 billones de pesos (unos 81.841 millones de dólares).
Este nivel de facturación implica una evasión aproximada de 354.000 millones de pesos (unos 18.107 millones de dólares), que representa el 1,4 del producto interior bruto del país, dijo la senadora Freyda Marybel Villegas, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El senador Ricardo Monreal, de Morena, expresó que el propósito principal de estas reformas es el de combatir a quienes facturan falso y enajenan de manera dolosa este tipo de operaciones.
La senadora Minerva Hernández Ramos, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), anticipó que su formación política está en contra de las reformas al considerar que asumen que todos son delincuentes organizados y que la evasión fiscal es un deporte nacional.