por Ricardo Garduño Pacheco
Infosel, marzo. 27.- Constellation Brands (NYSE:STZ), el dueño de los derechos de las principales cervezas de Grupo Modelo en Estados Unidos, aseguró contar con todos los permisos y licencias que necesita la planta cervecera que construye en Mexicali, capital de Baja California, un día después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijera que investigará su viabilidad.
Los estudios que confirman la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto de la planta fueron elaborados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y El Colegio de la Frontera Norte (Colef), dijo el productor y distribuidor de bebidas espirituosas, haciendo énfasis en que dichos estudios validan que ésta no supone riesgo para la disponibilidad de agua en la región.
"La empresa siempre se ha conducido con transparencia, apertura y voluntad de colaboración con las autoridades de todos los niveles", apuntó Constellation Brands en el comunicado. "En este mismo ánimo, atenderemos a los miembros de la comisión que designe el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quienes ofrecemos nuestra colaboración y solicitamos, a su vez, un espacio de diálogo".
En la víspera, el presidente de México dijo en un evento en San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, que integrará una comisión para que realice un análisis y dictamine si la puesta en marcha de la planta afectará el agua y los recursos naturales de Baja California.
Para los detractores de la fábrica de cervezas, planeada para surtir el mercado californiano, lo que emprenda López Obrador será muy probablemente su última esperanza de frenar la obra que ya tiene un avance de construcción de 50%.
Los esfuerzos para echar para atrás el proyecto datan prácticamente desde que el productor y distribuidor de las cervezas Corona, Modelo, Pacífico y Victoria, para el mercado estadounidense, hizo el anuncio de inversión por mil 500 millones de dólares en 2016.
En los últimos meses aumentó la posibilidad de que el proyecto fuera abortado si prosperaba un plebiscito que algunos bajacalifornianos promovieron para preguntar a los ciudadanos del estado si estaban de acuerdo en que el gobierno autorizara la construcción y operación de la planta durante el próximo proceso electoral en el que se elegirán varios cargos populares, entre ellos la gubernatura estatal; no obstante a inicios de mes el Instituto Estatal Electoral de Baja California dictaminó como improcedente el plebiscito.
El Senado de la República envió la semana pasada un exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno para dejar sin efecto las autorizaciones de construcción porque no cuenta con la facultad para frenar la obra por sí mismo.
Por lo tanto, la última carta por jugar para los interesados es la que representa López Obrador, quien frenó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Mina a cielo abierto Los Cardones, en Baja California Sur.
En el caso de la planta cervecera el presidente parece tener una posición neutral y se ha limitado a decir que formará una opinión hasta que cuente con un dictamen.
"Voy a mandar a una comisión que haga una investigación, un análisis, que me presente un dictamen y pronto vamos a dar a conocer nuestro punto de vista", dijo el mandatario el martes durante un acto público en San Luis Río Colorado.
Un día después, en una conferencia de prensa matutina que López Obrador realizó en Tijuana, la ciudad más grande de Baja California, añadió que quienes conformarán la comisión son las secretarías de Economía y del Medio Ambiente.
"Vamos a hacer un estudio pronto, no va a tomar mucho tiempo", dijo el presidente, quien agregó que tomarán en consideración "todos los elementos que hay: la inversión, los empleos, si existe o no agua, el impacto al medio ambiente y resolver lo que mejor convenga.
Tras las palabras de López Obrador es probable que Constellation Brands no tenga demasiadas dificultades para justificar la planta de Mexicali, ya que ha ejercido gran parte de la inversión --que no requiere de recursos públicos--, y la empresa ha prometido generar hasta cuatro mil empleos directos y mil indirectos.
Además, los estudios que avalaron la construcción de la planta fueron elaborados por una institución pública de educación superior [Colef] y por un organismo público descentralizado [IMTA], este último además adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, una de las dos secretarías que conformarán la comisión que informe a López Obrador.
"Entendemos que la comisión de expertos que designe el presidente de la república, analizará la disponibilidad y uso hídrico de la región, así como los requerimientos reales de agua para la operación de la cervecería", dijo la compañía que tiene su sede en Nueva York. "Confiamos en que dicha comisión se conducirá de manera institucional y con apego a la normatividad, respetando las garantías y la certidumbre".
