por Patricia Guerrero Medina
(Actualiza con detalles)
Infosel, septiembre. 13.- Lomedic y Laboratorios Solfrán, dos empresas farmacéuticas ligadas al ex delegado federal de Jalisco, Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas y sancionadas por la Secretaría de la Función Pública, por proporcionar información falsa a las autoridades y así participar en contrataciones públicas, lo que parecen ser las primeras conclusiones de las indagatorias a la red de empresas en las que el ex funcionario tiene participación.
Las empresas estarán impedidas de participar en cualquier contratación pública o establecer negocios con dependencias federales, estatales y locales por dos años y seis meses, además que deberán pagar multas por un total de un millón 51 mil 500 pesos (54 mil 341 dólares), dijo la dependencia federal en un comunicado.
Las sanciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), "son resultado de minuciosas investigaciones en las que se identificó que ambas firmas falsearon información al participar en contrataciones públicas", agregó SFP, como también se le conoce a la dependencia encargada de, entre otras cosas, vigilar las actividades de los servidores públicos.
Ambas compañías --de acuerdo con SFP-- negaron contar con algún integrante que ocupara un cargo público, no obstante "una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas", lo que representó una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Aunque la dependencia no precisó fechas sobre los hechos, Lomelí Bañuelos formó parte de la LXIII Legislatura como diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, entre 2015 y 2018.
Las inhabilitaciones estarán vigentes a partir de mañana, aunque podrán extenderse en caso de que las compañías incumplan con el pago de las multas que les fueron impuestas dentro del tiempo en que permanecerán impedidas.
"Los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la empresa [. . .] no quedarán comprendidos en la aplicación de esta circular", especificó la dependencia en las publicaciones hechas en el DOF.
Lomedic y Solfrán forman parte de una red de nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos en las que el ex candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco --en 2018-- tiene participación, de acuerdo con una investigación de la organización sin fines de lucro Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada en mayo.
Este grupo de empresas, además de obtener varios contratos gubernamentales valuados en miles de millones de pesos durante la administración anterior, sumaba ya 164 millones de pesos (8.5 millones de dólares) en contratos adjudicados por el actual gobierno de México y algunas administraciones locales, como la de Veracruz --también de Morena--, de acuerdo con el reportaje.
De esa red de empresas, Lomelí únicamente reconoció cuatro, incluidas las dos sancionadas hoy y, en el caso de Solfrán, incluso fue listada en su declaración también conocida como 3de3, como posible conflicto de interés, ya que a través de ella participó en una licitación para una compra consolidada de medicamentos del gobierno federal.
Aunque en un principio rechazó los señalamientos hechos en las investigaciones de MCCI y de que el presidente López Obrador las calificara de "politiquerías", Lomelí dejó su cargo como delegado federal en julio y días después la Secretaría de la Función Pública informó la apertura de cuatro expedientes sobre las empresas y tres más por "presuntas conductas contrarias a la legalidad".
Las sanciones a ambas empresas, además de parecer las primeras conclusiones de las investigaciones en torno a Lomelí, también continúan con una serie de sanciones contra firmas de producción y distribución de medicamentos, las cuales han estado en la mira del presidente López Obrador desde los primeros meses de su gobierno.
Ejemplo de ello fue la inhabilitación por dos años y una multa de 905 mil 880 pesos (46 mil 671 dólares) impuesta a Grupo Fármacos Especializados, una empresa distribuidora de medicamentos especializados en México, y que fue señalada por el Ejecutivo como una de las 10 firmas que acapararon la venta de medicamentos e insumos médicos al gobierno federal durante la administración pasada.
La empresa incluso fue sujeta a un veto presidencial para evitar su participación en procesos de adquisiciones públicas para el sector salud, aunque recientemente obtuvo un amparo contra esa decisión.
Además de ella, Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, una compañía proveedora de vacunas para el sector salud también fue sancionada e inhabilitada por las autoridades mexicanas.
