por Patricia Guerrero Medina
(Retransmite historia publicada el 27 de mayo)
Infosel, mayo. 28.- Cuando Empresas ICA, la otrora mayor constructora de México, solicitó entrar en concurso mercantil en agosto de 2017, confió en que el proceso --que inició tras llegar a un acuerdo con la mayoría de sus acreedores-- le permitiría preservar sus operaciones. Sin embargo, a un año y dos meses de concluido ese proceso con el que pretendía reestructurar sus finanzas, el panorama no deja de ser sombrío e incluso peor que eso, parece que ya ni siquiera tiene un futuro.
Pese a que el concurso mercantil permitió a la constructora eliminar casi la totalidad de las obligaciones financieras que mantenía con sus acreedores al momento del acuerdo a cambio de 99.99% de su capital, cerró 2018 con una deuda de tres mil 373 millones de pesos, de acuerdo con el reporte anual que envió a la Bolsa Mexicana de Valores, el primer informe financiero que presenta desde mayo de 2017. Esa deuda es menos de la mitad de los siete mil 106 millones que debía un año antes.
El problema es que ICA ya no opera.
"La compañía dejó de ser una entidad en funcionamiento, por lo que es poco probable la generación de valor frente a sus accionistas", sostuvo la constructora del Estadio Azteca y la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de Ciudad de México en el reporte, y agregó que "no cuenta con activos netos suficientes para hacer frente a sus deudas y obligaciones".
ICA, que dijo haber suspendido sus operaciones el mismo día del cierre del concurso mercantil --en marzo de 2018-- incluso reconoció la posibilidad de entrar en un proceso de disolución y liquidación que, sin embargo, no garantizaría distribución alguna para sus accionistas.
El camino de ICA para aliviar sus finanzas, cuya grave situación fue develada por la empresa a finales de 2015, cuando suspendió el cumplimiento de sus obligaciones financieras, no ha sido fácil.
Una de las primera acciones que llevó a cabo fue el nombramiento de Alfonso González Migoya como co-director de la empresa y de Orlando Loera director de reestructura. Ambos encabezaron el equipo encargado de negociar con los tenedores de bonos de la empresa. González Migoya estuvo en el cargo alrededor de tres meses, mientras que Loera solo desempeñó sus funciones un mes y posteriormente fue relevado por Guadalupe Phillips Margain.
A ello, se sumó la reducción de 56.7% de su plantilla laboral de sus segmentos de construcción y concesiones, además de corporativo. Ello significó que pasó de contar con tres mil 596 empleados en diciembre de 2015 a mil 556 para el primer trimestre de 2017. En el reporte anual correspondiente a 2018 no aclara cuántos trabajadores tienen en su nómina, pero muy probablemente es una cantidad menor al no tener obras en marcha ni activos en su cartera.
Otras medidas que también implementó fue la reducción de mil 503 millones de pesos de sus gastos corporativos y de operación; además de la aplicación de medidas para mejorar la rentabilidad y rendición de cuentas de sus proyectos o en enfoque en el segmento de construcción y la eliminación de sus negocios de vivienda e internacional.
Pese a ello y aunado a su deuda, la constructora concluyó el año pasado con pasivos por tres mil 368.7 millones de pesos, 11.5% más que los reportados un año anterior.
ICA presentó su reporte anual unos días después de celebrar su asamblea general de accionistas, en la que aprobó la reducción de su consejo de administración de nueva a ocho integrantes, tras la salida de Rodrigo Quintana Kawage, nieto del fundador de la empresa e hijo del presidente del órgano de gobierno, Bernardo Quintana Isaac.
En aquella reunión también fue aprobada una disminución de siete mil 940.8 millones de pesos (417 millones de dólares) del capital de la empresa mediante la absorción de pérdidas; así como la emisión y venta de seis millones 203 mil 42 acciones, con lo que espera recabar hasta 100 millones de pesos (5.3 millones de dólares).
A la par de las negociaciones con sus acreedores, la compañía trató de continuar con sus proyectos. Ya con Phillips al frente de la empresa --que asumió en noviembre de 2016 tras la repentina muerte de Luis Zárate Rocha-- la constructora obtuvo varios contratos de obras en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), considerado el mayor proyecto de infraestructura de la administración pasada.
Uno de esos contratos fue el de la construcción del edificio terminal, la obra más importante dentro del proyecto y valuada en 84 mil 828.3 millones de pesos (cuatro mil 453 millones de dólares al tipo de cambio de hoy). No obstante, el cambio de administración y la cancelación del proyecto aeroportuario imposibilitaron la concreción de los beneficios de esas obras para ICA.
Claro que no todo negativo para la empresa, pues podría tener una posibilidad de persistir a través de ICA Tenedora, o Icaten, la subsidiaria que creó en marzo de 2017 como parte de sus esfuerzos para evitar un mayor deterioro de sus finanzas y que se convirtió en accionista principal del capital de sus demás subsidiarias y subtenedoras de acciones.
Icaten es la controladora del total de inversiones de las empresa operativas que conforman Grupo ICA y también representa --junto con las cuentas por cobrar-- el principal activo de Empresas ICA (posee 0.0062%).
