por Mariana Rodríguez Quintana
Infosel, julio. 22.- Las empresas que operan patines eléctricos y bicicletas sin anclaje están en plena rebelión contra el gobierno de la Ciudad de México para mostrar su rechazo a la regulación a la que están sujetos.
Lime, la última de ellas, dijo que no pagará la contraprestación que pide el gobierno capitalino a cambio de otorgar su permiso para dejarla operar.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno de la capital, la movilidad pasó a ser uno de los temas eje en la agenda local y con ello, se puso sobre la mesa la pretensión de comenzar a normar el ecosistema de micro movilidad, una de las últimas novedades en temas de transporte en las grandes ciudades del mundo.
Ciudad de México tuvo sus primeros operarios de transporte que no requiere de anclaje cuando aún era jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien dio su aval para que circularan, pero sin crear una regulación que normara ese naciente mercado.
"Las autorizaciones otorgadas por la anterior administración no establecieron mecanismos claros ni específicos de operación, regulación y obtención de datos", dijo Semovi, ya en tiempos de Sheinbaum, cuando emitió el comunicado donde adelantó que habría una regulación.
En un inicio Semovi otorgó permisos temporales en los primeros días de febrero por 45 días a las empresas que ya ofrecían sus servicios, en lo que ganaba tiempo para explorar el naciente sector y las opciones que tenía para regularlo.
El ecosistema estaba compuesto en ese entonces por tres empresas de bicicletas: la china Mobike y las mexicanas Dezba y VBike, todas con el visto bueno de la antigua administración para operar; y con seis compañías de scooter: Grin, Bird, Lime, Motum, Movo y Econduce, de las cuales sólo las primeras tres obtuvieron permiso.
Cuando finalmente la capital publicó sus Lineamientos para la Operación de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable el 26 de marzo, las empresas fueron informadas que a partir de entonces tendrían que participar en un proceso, enmarcado por una subasta, mediante el cual serían elegidas aquellas que podrían operar máximo la mitad de las cuatro mil 800 bicicletas y los tres mil 500 monopatines que circularán durante el periodo 2019-2020.
El monto mínimo para participar en esas subastas fue fijado en mil 350 pesos (71 dólares) por monopatín y mil cinco pesos (53 dólares) por bicicleta. Las empresas concursantes fueron Dezba, Movo, Mobike, Motum y Jump, para el sector de bicicletas y con Bird, Lime, Jump, Movo, Motum y Grin, del lado de monopatines.
La elección final del gobierno se basó en una fórmula sencilla: la combinación de propuestas que maximizara sus ingresos. De esa forma ganaron Dezba, Jump --de Uber-- y Mobike para bicicletas y Lime y Grin para monopatines, las cuales tenían como plazo pagar antes del 26 de junio un total de 46 millones 710 mil pesos (dos millones 454 mil dólares).
El problema para las autoridades es que al parecer nadie quedó conforme con la subasta y tanto perdedores como ganadores comenzaron a levantar la voz por inconformidades con el diseño del procedimiento, el resultado y la futura gestión de los ingresos que obtendría el gobierno.
Una de las primeras empresas que hizo público su inconformidad fue Movo, la división de monopatines de la compañía española de movilidad, Grupo Maxi Mobility, que también opera Cabify, al no presentar su oferta de contraprestación y quedar fuera del proceso.
"Consideramos no participar porque creemos que este proceso atenta contra el sistema emprendedor y la competencia en igualdad de circunstancias, lo que sería inconstitucional", dijo Adrián Alcántara, gerente general de Movo en México, en el marco de una presentación con medios.
Para seguir operando, Movo obtuvo un amparo, lo que fue secundado por otras firmas: Mobike, Grin y Lime, tres de los cinco ganadores.
En el caso de Mobike, aunque fue ganadora se rehusó a pagar la contraprestación bajo el argumento de que nunca estuvo de acuerdo con el proceso y que el pagar los seis millones 240 mil pesos (328 mil dólares) que le correspondían era financieramente imposible.
No obstante, el jueves 18 de julio la compañía de origen chino declaró haber conseguido un crédito para cubrir la contraprestación, pero Semovi no lo aceptó.
El día de hoy Lime reforzó su posición y, como Mobike, dijo no cubrirá el pago de 12 millones 600 mil pesos (662 mil dólares) que le corresponden.
"La subasta fijada como mecanismo de asignación no está sustentada en legislación alguna, y la distribución de unidades a través de un algoritmo no ha sido probada ni validada por alguna instancia independiente a la administración que llevó el proceso", dijo a través de un comunicado Julia Ortiz, directora de relaciones con gobierno de Lime México.
"Además, privilegia los beneficios económicos por encima de los beneficios de sustentabilidad y movilidad para los capitalinos, y genera distorsiones en el mercado, pues gana quien pueda pagar más, no quien ofrezca el mejor servicio o los mejores patines eléctricos".
En la misma línea que Lime, Grin externó que la subasta no garantizará una asignación justa de unidades a operar entre jugadores y reducirá en gran medida la capacidad de las empresas para satisfacer la demanda por este tipo de movilidad.
Por el momento estas empresas continuarán en las calles mientras emiten un veredicto final, mismo que creará un referente para el resto del país y podría ser para el resto del mundo, pues en ninguna otra nación utiliza el proceso de subastas para el otorgamiento de permisos.
