por Patricia Guerrero Medina
Infosel, junio. 5.- Una imagen que se ha vuelto común en los noticiarios son las protestas de los taxistas en las grandes ciudades del mundo en contra de Uber y otras empresas de transporte privado solicitado vía aplicación móvil. La más reciente de todas fue en Ciudad de México, donde al parecer ninguna de las partes en disputa quedó satisfecho.
Gustavo, un socio conductor de Uber, la principal empresa de transporte privado solicitado vía aplicación móvil, supo "de boca en boca" que existe una nueva regulación que el gobierno de Ciudad de México comenzó a aplicar para la operación de este tipo de servicios.
Como parte de esa regulación, deberá cumplir como requisito operar un automóvil cuyo valor sea superior a 200 mil pesos (10 mil 230 dólares), por lo tanto contempla vender su Honda City modelo 2016.
"La empresa no nos dijo nada. Te vas enterando por conocidos que te van comentando 'oye ya viste que vamos a tener licencia y verificación', y cosas así", dijo. Para él, vender pronto su vehículo --que en portales de seminuevos o de segunda mano es valuado entre 158 y 195 mil pesos (ocho mil 82 a nueve mil 974 dólares)--, es primordial para obtener la mayor cantidad posible por él.
Como Gustavo, muchos conductores de este tipo de compañías, autonombradas empresas de redes de transportes (ETR's), serán impactados por los cambios establecidos a finales de abril por el gobierno capitalino, en su intento para crear igualdad de condiciones para la competencia entre esta opción de movilidad y los taxis concesionados.
Entre los cambios que Uber, Cabify, Didi Chuxing y los que se sumen deben cumplir está la creación de una licencia especial de manejo tipo E1; el registro de socios conductores ante las autoridades capitalinas y la entrega de un tarjetón distintivo.
Los conductores, por lo tanto, deberán someterse a un curso de capacitación y al pase de revista vehicular, hasta ahora exclusivas de los concesionarios de taxis; además, estarán imposibilitados para cobrar por sus servicios en efectivo.
"Con esto estamos logrando simplificar los trámites, reducir la carga burocrática, reducir los espacios donde pueda haber corrupción y una cosa que es muy importante, es tener un padrón completo de conductores y de automóviles que están prestando servicios en la ciudad", dijo Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en la conferencia para presentar las medidas.
Las medidas, que aplicarían a 50 mil socios conductores --de acuerdo con estimaciones de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobierno de la Ciudad de México-- no fueron bienvenidas por las empresas de transporte privado, especialistas e incluso del gremio de taxistas.
Uber, Cabify y otras cuatro empresas --entre ellas Beat y Laudrive-- externaron su rechazo de manera conjunta y posteriormente solicitaron una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para abordar sus inconformidades.
Infosel solicitó a Uber y Cabify, las dos principales empresas de este tipo que operan en el país, un comentario al respecto, pero hasta el momento no respondieron.
Para muchos, más que establecer "piso parejo" entre ambas opciones de transporte las medidas parecen favorecer al gremio de taxistas, en especial las relacionadas con el monto valor mínimo para las unidades y la imposibilidad de cobrar en efectivo.
"Son restricciones absurdas, que no benefician en nada a los usuarios, al contrario, solo limitarán la disponibilidad y accesibilidad del servicio. Estas restricciones también son injustas, porque se le imponen a las apps, pero no a los taxis", escribió en una columna publicada en El Financiero, Eduardo Guerrero, socio de Lantia, una consultoría especializada en la creación de políticas públicas y que ha colaborado asesorando a Uber.
Sin embargo, las disposiciones tampoco convencieron a los taxistas concesionados que operan en el país, --y que también fueron objeto de nuevas regulaciones, aunque orientadas a agilizar los procesos de los trámites que realizan--, por considerar que son insuficientes para igualar las condiciones en las que ellos operan.
El descontento de los taxistas incluso los llevó a manifestarse desde las primeras horas del lunes, lo que afectó la circulación vehicular de las principales vialidades de la capital.
Los socios conductores, como Gustavo, no están de acuerdo con esa apreciación, debido a que si bien los taxistas enfrentan mayores gastos para obtener concesiones y licencias, los socios conductores pagan impuestos de sus ingresos y una comisión a la empresa por el uso de la aplicación.
Por lo pronto, el gobierno capitalino no se ha pronunciado sobre cambios a las regulaciones derivados del diálogo con empresas o el gremio de taxistas. La nueva regulación deberá ser acatada por las compañías y socios conductores en un plazo máximo de un año contando a partir de mayo.