MÉXICO DF, 19 mar (Reuters) - Un grupo de juristas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo el jueves que el emblemático caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México no está concluido y que es necesario recoger más evidencia para conocer qué pasó con ellos.
La intervención de este grupo, integrado por renombrados ex fiscales extranjeros como la colombiana Angela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, fue impulsada por familiares de los jóvenes, quienes no confían en las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría (fiscalía) General de la República, (PGR) y aceptada por el Gobierno mexicano.
La PGR concluyó en enero que los estudiantes de magisterio, detenidos por la policía el 26 de septiembre en la sureña ciudad de Iguala y entregados a un grupo del crimen organizado, fueron masacrados por éste y sus cuerpos calcinados en un basurero del pueblo vecino de Cocula.
El entonces procurador (fiscal federal), Jesús Murillo Karam, dijo que esa era "la verdad histórica" de los hechos.
Sin embargo, los expertos dijeron que es necesario recolectar más evidencia utilizando tecnología satelital para obtener fotografías más detalladas del basurero, entre otras medidas, al tiempo que exhortaron a que continúen las acciones de búsqueda de los jóvenes.
"El proceso sigue y mientras el proceso siga no hay absolutamente ninguna decisión (...) de aceptar como única una versión. Las hipótesis están sobre la mesa, las hipótesis se están verificando", dijo Buitrago en una rueda de prensa.
Agregó que esta visión es compartida por la PGR, de la que hace poco el presidente Enrique Peña Nieto relevó a Murillo Karam y nombró en su lugar a la entonces senadora Arely Gómez.
El caso de los estudiantes sacudió al Gobierno y dejó en evidencia el grado de infiltración de los cárteles del narcotráfico en los cuerpos policíacos, así como las matanzas de estos grupos sobre todo en el sureño estado de Guerrero, donde se ubica Iguala.
Los expertos pugnarán porque el caso de los estudiantes se considere de desaparición forzada para elevar su importancia a nivel internacional como delito de lesa humanidad, dijeron.
Además, agregaron que es necesario que las autoridades realicen un mapeo de las fosas halladas en distintas partes del estado que aparecieron durante el proceso de búsqueda de los jóvenes.
"La dimensión de la desaparición de personas en la zona conlleva la necesidad de realizar un trabajo amplio de búsqueda", manifestaron en un reporte.
(Reporte de Anahí Rama, editado por Ana Isabel Martinez)