por Eduardo García
Infosel, noviembre. 20.- A tan sólo unos días de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentara la estrategia que seguirá para reducir los niveles de violencia e inseguridad que aquejan a múltiples zonas y regiones del país, hay dos claras y antagónicas posturas sobre el plan.
Por un lado están los expertos en temas de seguridad, quienes --por lo general-- quedaron gratamente sorprendidos con los planteamientos del futuro presidente de México, mientras que por otro están las organizaciones civiles o no gubernamentales y la llamada sociedad civil que están alarmadas por lo propuesto.
Las posiciones encontradas que ha generado el llamado "Plan Nacional de Paz y Seguridad" se deben a que López Obrador, contrario a lo que planteó a lo largo de su campaña electoral, se inclinó al final por dar a las Fuerzas Armadas, y prácticamente sólo a ellas, la obligación y responsabilidad de combatir al crimen organizado y a los carteles de las drogas.
En pocas palabras, el futuro mandatario optó por militarizar su estrategia de seguridad y no por desmilitarizarla como muchos pensaron que haría, lo sorprendió positivamente a algunos expertos en materia de seguridad.
"Me parece que la crisis de seguridad ha repuntado de manera impresionante [en los últimos meses]. . . Me parece que el presidente electo López Obrador se ha dado cuenta de esto, y a pesar de que en un inicio fue muy cauteloso con el tema militar y como que quería bajarle de volumen al asunto, se fue dando cuenta, tanto en la campaña como ahora que es presidente electo. . . que sí se necesita más presencia militar de la que" tenía pensada, dijo Eduardo Guerrero, un experto en asuntos de seguridad en un panel de expertos convocado por el canal de televisión El Financiero Bloomberg.
Esa mayor presencia militar la obtendrá López Obrador con la creación de un nuevo cuerpo de seguridad que denominará Guardia Nacional, el cual dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional y estará conformado, al menos en un inicio, con los elementos que hoy tiene las fuerzas armadas en la Policía Militar y la Policía Naval, además de algunos de los miembros que pasen una certificación de lo que hoy es la Policía Federal.
Esta última organización es la única de las tres que no tiene un carácter castrense y que al formar parte de la Guardia Nacional desaparecerá como tal para incorporarse a esa nueva estructura de seguridad pública militar.
Claro que para las organizaciones civiles, la decisión de López Obrador de optar por la militarización no sólo traiciona sus planteamientos en campaña sino que es equivocada pues corre el riesgo de que, como ha ocurrido en el pasado, al usar las fuerzas armadas para combatir a grupos delincuenciales o criminales el país vuelva a observar violaciones a los derechos humanos y civiles de la población, principalmente por su falta de entrenamiento en el trato con la población civil en temas de delincuencia.
"Preocupa que se siga identificando al crimen organizado como el objetivo de la política seguridad, dejando de lado la criminalidad del fuero común que tanto lastima la vida de los mexicanos", dijo México Evalúa, una organización civil enfocada en estudiar y reflexionar sobre múltiples temas como el de la seguridad, en un comunicado. Preocupa "una estrategia que parece ignorar las necesidades locales, ofreciendo soluciones desde arriba que replican la agotada fórmula de la militarización de labores de seguridad pública".
Otros incluso, encuentran en el plan que presentó López Obrador contradicciones que permiten prever que nada cambiará ya que, desde su perspectiva, utiliza el mismo doble lenguaje que emplearon los dos últimos gobiernos --la supuesta defensa de los derechos humanos y el uso eficaz de la fuerza-- que a la postre simplemente arrojó malos resultados.
Para quienes así piensan, el plan en un inicio habla de la necesidad de cambiar la estrategia y la narrativa, así como de abandonar la visión autoritaria y el uso de la fuerza de los últimos años, sólo que termina repitiendo las receta militar que siguieron los dos gobiernos anteriores de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) con malos resultados.
"Si al principio se hace énfasis en la necesidad de cambiar paradigmas y aspira a transferir hacia la legalización, la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción policial, al final refuerza la presencia del ejército y la marina en nuestras calles: justo lo que ha provocado tantos muertos, desaparecidos y desplazados", escribió el autor Jorge Volpi, en su columna semanal en el diario Reforma y que tituló 'Un plan esquizofrénico'.
Claro que los defensores del plan no dejan de reconocer los riesgos --en materia de derechos humanos-- que representa la estrategia que ha planteado seguir el futuro presidente de México.
Sin embargo, son precisamente esos mismos riesgos que está asumiendo López Obrador al dar la responsabilidad de la pacificación del país a las fuerzas armadas los que llevan a algunos de ellos a calificar al plan del futuro mandatario como "audaz".
"Lo importante es la confianza que está depositando un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que nunca creyó en las fuerzas armadas", en ellas, dijo Juan Ibarrola, experto en fuerzas armadas, también en el programa de El Financiero Bloomberg.
Además, para los expertos, sí hay una diferencia entre esta estrategia y la que siguieron las dos administraciones pasadas: ahora ya no hay ninguna pretensión de seguir intentando reformar las policías para que esas sean las que combatan al crimen como se planteó anteriormente.
Ante el poderío financiero y de fuego que tienen los grupos criminales en México, muchos expertos creen que es iluso pensar que se pueden reformar a las policías municipales o estatales, al mismo tiempo que se combaten a las bandas criminales, más cuando muchos de esos cuerpos del orden han sido presas de las amenazas o las extorsiones y han capitulado, por tanto, ante los grupos delincuenciales.
"La visión de este gobierno es vamos a poner orden en el país, vamos a bajar los niveles de violencia, y ya la tarea de generar policías aptos será de un gobierno futuro", agregó Guerrero. Además "la gente confía mucho más en los militares que en la policía".
Claro que ante el número de muertes que ha registrado México, de entre 200 y 250 mil personas, en los últimos 12 años por el combate al narcotráfico y a las bandas del crimen organizado, es claro que una de las tareas más complejas que enfrentará López Obrador cuando inicie su gobierno el 1 de diciembre será la de pacificar la país, como millones de mexicanos lo demandan.
Infosel, noviembre. 20.- A tan sólo unos días de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentara la estrategia que seguirá para reducir los niveles de violencia e inseguridad que aquejan a múltiples zonas y regiones del país, hay dos claras y antagónicas posturas sobre el plan.
Por un lado están los expertos en temas de seguridad, quienes --por lo general-- quedaron gratamente sorprendidos con los planteamientos del futuro presidente de México, mientras que por otro están las organizaciones civiles o no gubernamentales y la llamada sociedad civil que están alarmadas por lo propuesto.
Las posiciones encontradas que ha generado el llamado "Plan Nacional de Paz y Seguridad" se deben a que López Obrador, contrario a lo que planteó a lo largo de su campaña electoral, se inclinó al final por dar a las Fuerzas Armadas, y prácticamente sólo a ellas, la obligación y responsabilidad de combatir al crimen organizado y a los carteles de las drogas.
En pocas palabras, el futuro mandatario optó por militarizar su estrategia de seguridad y no por desmilitarizarla como muchos pensaron que haría, lo sorprendió positivamente a algunos expertos en materia de seguridad.
"Me parece que la crisis de seguridad ha repuntado de manera impresionante [en los últimos meses]. . . Me parece que el presidente electo López Obrador se ha dado cuenta de esto, y a pesar de que en un inicio fue muy cauteloso con el tema militar y como que quería bajarle de volumen al asunto, se fue dando cuenta, tanto en la campaña como ahora que es presidente electo. . . que sí se necesita más presencia militar de la que" tenía pensada, dijo Eduardo Guerrero, un experto en asuntos de seguridad en un panel de expertos convocado por el canal de televisión El Financiero Bloomberg.
Esa mayor presencia militar la obtendrá López Obrador con la creación de un nuevo cuerpo de seguridad que denominará Guardia Nacional, el cual dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional y estará conformado, al menos en un inicio, con los elementos que hoy tiene las fuerzas armadas en la Policía Militar y la Policía Naval, además de algunos de los miembros que pasen una certificación de lo que hoy es la Policía Federal.
Esta última organización es la única de las tres que no tiene un carácter castrense y que al formar parte de la Guardia Nacional desaparecerá como tal para incorporarse a esa nueva estructura de seguridad pública militar.
Claro que para las organizaciones civiles, la decisión de López Obrador de optar por la militarización no sólo traiciona sus planteamientos en campaña sino que es equivocada pues corre el riesgo de que, como ha ocurrido en el pasado, al usar las fuerzas armadas para combatir a grupos delincuenciales o criminales el país vuelva a observar violaciones a los derechos humanos y civiles de la población, principalmente por su falta de entrenamiento en el trato con la población civil en temas de delincuencia.
"Preocupa que se siga identificando al crimen organizado como el objetivo de la política seguridad, dejando de lado la criminalidad del fuero común que tanto lastima la vida de los mexicanos", dijo México Evalúa, una organización civil enfocada en estudiar y reflexionar sobre múltiples temas como el de la seguridad, en un comunicado. Preocupa "una estrategia que parece ignorar las necesidades locales, ofreciendo soluciones desde arriba que replican la agotada fórmula de la militarización de labores de seguridad pública".
Otros incluso, encuentran en el plan que presentó López Obrador contradicciones que permiten prever que nada cambiará ya que, desde su perspectiva, utiliza el mismo doble lenguaje que emplearon los dos últimos gobiernos --la supuesta defensa de los derechos humanos y el uso eficaz de la fuerza-- que a la postre simplemente arrojó malos resultados.
Para quienes así piensan, el plan en un inicio habla de la necesidad de cambiar la estrategia y la narrativa, así como de abandonar la visión autoritaria y el uso de la fuerza de los últimos años, sólo que termina repitiendo las receta militar que siguieron los dos gobiernos anteriores de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) con malos resultados.
"Si al principio se hace énfasis en la necesidad de cambiar paradigmas y aspira a transferir hacia la legalización, la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción policial, al final refuerza la presencia del ejército y la marina en nuestras calles: justo lo que ha provocado tantos muertos, desaparecidos y desplazados", escribió el autor Jorge Volpi, en su columna semanal en el diario Reforma y que tituló 'Un plan esquizofrénico'.
Claro que los defensores del plan no dejan de reconocer los riesgos --en materia de derechos humanos-- que representa la estrategia que ha planteado seguir el futuro presidente de México.
Sin embargo, son precisamente esos mismos riesgos que está asumiendo López Obrador al dar la responsabilidad de la pacificación del país a las fuerzas armadas los que llevan a algunos de ellos a calificar al plan del futuro mandatario como "audaz".
"Lo importante es la confianza que está depositando un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que nunca creyó en las fuerzas armadas", en ellas, dijo Juan Ibarrola, experto en fuerzas armadas, también en el programa de El Financiero Bloomberg.
Además, para los expertos, sí hay una diferencia entre esta estrategia y la que siguieron las dos administraciones pasadas: ahora ya no hay ninguna pretensión de seguir intentando reformar las policías para que esas sean las que combatan al crimen como se planteó anteriormente.
Ante el poderío financiero y de fuego que tienen los grupos criminales en México, muchos expertos creen que es iluso pensar que se pueden reformar a las policías municipales o estatales, al mismo tiempo que se combaten a las bandas criminales, más cuando muchos de esos cuerpos del orden han sido presas de las amenazas o las extorsiones y han capitulado, por tanto, ante los grupos delincuenciales.
"La visión de este gobierno es vamos a poner orden en el país, vamos a bajar los niveles de violencia, y ya la tarea de generar policías aptos será de un gobierno futuro", agregó Guerrero. Además "la gente confía mucho más en los militares que en la policía".
Claro que ante el número de muertes que ha registrado México, de entre 200 y 250 mil personas, en los últimos 12 años por el combate al narcotráfico y a las bandas del crimen organizado, es claro que una de las tareas más complejas que enfrentará López Obrador cuando inicie su gobierno el 1 de diciembre será la de pacificar la país, como millones de mexicanos lo demandan.