Por Lizbeth Diaz
CIUDAD DE MÉXICO, 3 dic (Reuters) - El nuevo presidente de México firmó el lunes un decreto para ampliar las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes en 2014 que permitiría un mayor escrutinio a las fuerzas armadas, que según investigadores independientes hicieron aportes precarios para resolver el sonado caso.
El decreto, el primero desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el sábado, contempla la creación de una "Comisión" para proteger a quienes brinden información relevante sobre el hecho, revisión de instalaciones donde se cree pudieron estar los jóvenes y desclasificación de información oficial, entre otras cosas.
"El presidente de México no va a ser cómplice (...) de violaciones a derechos humanos y se va a investigar. Ya conocen cuál es mi postura acerca de los señalamientos sobre la posible intervención del ejército, creo que la investigación tiene que incluir a todo el Gobierno", dijo el mandatario tras firmar el decreto y considerar el caso como "de Estado".
En septiembre de 2014 más de 100 estudiantes de una escuela rural normal de Ayotzinapa -unos 220 kilómetros al sur de Ciudad de México- que viajaban en varios autobuses fueron atacados por policías coludidos con criminales. Cuarenta y tres de ellos desaparecieron y solo se encontraron supuestos restos de uno.
La Comisión tiene un plazo de 30 días para formarse y estará integrada por familiares de los estudiantes, sus representantes legales, Cancillería, Secretaría de Gobernación y Fiscalía Nacional, y podrá contar con la asistencia tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sus integrantes tendrán por primera vez, junto con investigadores del Gobierno, libre acceso a instalaciones en las que "se presuma puedan encontrarse o pudieran haber estado las personas desparecidas y/o vestigios relacionados con ellos".
Uno de los principales reclamos de los padres de los jóvenes desaparecidos ha sido tener acceso a las instalaciones militares.
Organismos internacionales como la ONU han cuestionado la disposición del Ejército para dar información sobre caso, pese a que el 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos, un militar de inteligencia videograbó la desaparición del grupo más grande de estudiantes frente a un edificio de Gobierno en el estado Guerrero.
"El caso necesita estar abierto a cualquier investigación. Hay muchas omisiones y descuidos. Esta es una buena noticia", dijo a Reuters Ángela Buitrago, integrante de un grupo de expertos designado por la CIDH que halló serias fallas en las pesquisas y omisiones de las fuerzas castrenses en el caso.
Durante dos periodos de mandato, los cinco expertos intentaron sin éxito realizar interrogatorios directos a militares que estuvieron activos la noche en que ocurrieron los hechos, considerados clave para esclarecer el caso.
(Reporte de Lizbeth Díaz; editado por Ana Isabel Martínez/Hernán García)