Con código nacional de procedimientos civiles y familiares PJCDMX dará mayor acceso a Órganos de Justicia.
Fue Rafael Guerra Álvarez, presidente del órgano judicial, magistrado en la firma de un convenio junto con la directora ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Nataly Ponce Chauca, que mediante dicho instrumento, se tendrá acceso a especialistas de todo el continente para la capacitación que se requiere, a través de foros, seminarios, talleres y encuentros académicos sobre temas de interés común, entre éstos la oralidad.
Con la ejecución del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) reformará sus sistemas de gestión, mejorará la calidad de los procesos judiciales, modernizará la infraestructura tecnológica y aplicará acciones que aseguren mayor acceso a las personas a los órganos de justicia, así lo afirmó el presidente de la institución, magistrado Rafael Guerra Álvarez, en la firma de un convenio de colaboración con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mediante la firma del documento con la directora ejecutiva del CEJA, Nataly Ponce Chauca, resalto que con dicho instrumento se tendrá acceso a especialistas de todo el continente para la capacitación que se requiere a través de foros, seminarios, talleres y encuentros académicos sobre temas de interés común, entre éstos la oralidad.
La presencia de consejeros de la Judicatura local y de impartidores de justicia del PJCDMX, Guerra Álvarez dijo que en el proceso de implementación resulta indispensable la asistencia técnica recíproca para el mejoramiento e implementación de los modelos de gestión judicial, sistemas y seguimiento de casos, la estructuración de bases de datos de estadística e indicadores para la toma de decisiones jurídicas e institucionales.
Comentó que el paradigma de la impartición de justicia evoluciona a medida que lo hacen los pueblos, y precisó que el convenio signado encauzará esa evolución en el PJCDMX, toda vez que “nos proponemos invertir en nuestro capital humano” con una oferta académica enfocada en oralidad, y particularmente en sensibilizar el ejercicio de las mejores prácticas procesales en materia civil y familiar.
“Nos complace profundamente la generación de este convenio marco y los subsecuentes específicos que fortalecerán a la función jurisdiccional en el hemisferio. En México, la evolución de nuestra tradición jurídica ha alcanzado un paso vertiginoso con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, y en unos cuantos meses con la aprobación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”, dijo Guerra Álvarez.
Ponce Chauca, a su vez, explicó que el CEJA es un centro especializado de la OEA en materia de justicia que desde 1999 brinda a los sistemas de justicia de los países miembros capacitación y asistencia técnica, a fin de lograr brindar a las personas un mejor servicio, y precisó que uno de los temas centrales en los que ha trabajado el CEJA es en la implementación de la oralidad, de manera inicial en materia penal, y más recientemente, en los últimos diez años, en el rubro de la justicia civil y familiar.
“Nos sentimos muy complacidos de que en México, un país tan relevante e importante para las américas, de una manera formal inicie un proceso de transición para implementar el nuevo código en materia oral para los ámbitos civil y de familia, y ponemos toda nuestra experiencia institucional de trabajo, reflexión y estudios, que están disponibles en nuestra página web para poder acompañar el aprendizaje regional e institucional orientado a que esta reforma sea exitosa.
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El documento ya firmado, se explicó en el acto, este tiene como objetivos desarrollar actividades orientadas a fortalecer la administración de justicia en la Ciudad de México, a través de acciones de capacitación, estudio, diagnóstico, asistencia técnica, acompañamiento, evaluación, intercambio de experiencias y buenas prácticas en las materias civil y familiar, pero también penal.
Se pretenden llevar asesoría en modelos de gestión, justicia digital, mecanismos alternativos de solución de controversias y otros rubros de interés común, pero la actividad se centrará con especial relevancia en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a través de cursos de capacitación a impartidores de justicia y personal de apoyo judicial.
Este acto contó con la presencia de los integrantes de la comisión que habrá de dar seguimiento a la implementación, consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México Andrés Linares Carranza y Esperanza Hernández Valero; los magistrados Marco Antonio Velasco Arredondo, Martha Lucía Elizondo Téllez, Yaopol Pérez Amaya y Eliseo Hernández Villaverde.
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