por Dassaev Rodríguez Ramírez
(Retransmite la historia publicada el 7 de diciembre de 2018)
Infosel, diciembre. 7.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal de México, dio un revés a las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador por reducir los salarios de los altos funcionarios de la administración pública, así como de los servidores públicos de otros poderes.
El retroceso lo dio el Máximo Tribunal al admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de partidos de oposición, encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que aprobó el Congreso y con la que la nueva administración intentaba reducir los sueldos de decenas de miles de servidores públicos.
La ley entró en vigor el pasado 5 de noviembre luego de su aprobación en el Congreso de la Unión, aunque su futura aplicación está ahora en manos de los ministros que conforman la Suprema Corte, quienes determinarán si las medidas de recorte salarial que impone esa ley violan o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Ahora, los ministros tendrán que ver si [la nueva ley] está apegada a la Constitución, sobre todo los términos de su aplicación", dijo Miguel Carbonel, un abogado constitucionalista en el programa de televisión La Hora de Opinar, transmitido por la televisora Grupo Televisa (MX:TLVACPO).
En esencia, con la nueva ley, el gobierno de López Obrador, que cuenta con mayorías simples en la Cámara de Diputados y Senadores, busca reglamentar el artículo 127 constitucional, que indica que nadie en todo el Estado mexicano puede ganar más que el presidente de la república.
A esa restricción constitucional, que ahora reglamenta la nueva ley, hay que añadir que el presidente López Obrador, a manera de demostrar que gobernará con el ejemplo, decidió hace poco más de una semana bajarse en 40% su salario.
Así, mientras que su predecesor ganaba cerca de 180 mil pesos al mes, López Obrador optó por recibir 108 mil pesos mensuales brutos, una cantidad que es ahora inferior al sueldo que reciben miles de servidores públicos y para quienes la entrada en vigor de la nueva ley representaría un recorte a su ingreso mensual.
De ahí que frente a la publicación de la nueva ley, miles de servidores públicos, principalmente empleados del poder judicial a quienes el artículo 94 constitucional protege de recortes salariales durante sus encargos, hayan buscado ampararse frente a esa nueva legislación.
De acuerdo con el reporte más reciente por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la entidad que regula el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, los tribunales mexicanos han recibido hasta ahora dos mil 835 amparos, de los cuales 331 corresponden a jueces, 366 a magistrados, mil 37 a secretarios, 215 a actuarios, 514 a oficiales y 125 externos.
Claro que ante la decisión que tomó el ministro Alberto Pérez Dayán del trámite de la acción de inconstitucionalidad de la CNDH y de los senadores de oposición, esos reclamos, o amparos, contra la ley que han llegado al Poder Judicial de la Federación esperarán para conocer el fallo del Máximo Tribunal en torno a si la nueva ley viola o no la Constitución.
"Si la Corte resuelve por mayoría de ocho votos que es inconstitucional la ley, la ley queda completamente derogada", agregó Carbonel en su plática con el analista político Leo Zuckerman.
Mientras el Máximo Tribunal estudia a fondo el asunto, el gobierno de López Obrador no podrá aplicar los recortes salariales que planeaba a los salarios de miles de trabajadores estatales a partir del próximo año.
"Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia", dijo el acuerdo del ministro Pérez Dayán.
Tras conocer la decisión de la Suprema Corte, López Obrador dijo que su gobierno será respetuoso de la decisión que tomen los ministros pero no dejó de criticar que hayan iniciado el juicio de inconstitucionalidad contra la ley por considerar que los jueces deberían respaldar el esfuerzo de su gobierno por imponer austeridad al accionar gubernamental.
"No es posible que haya funcionarios públicos ricos en el país, habiendo tanta pobreza; que ganen 600 mil pesos mensuales, es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad", dijo López Obrador, en entrevista con reporteros durante una gira de trabajo por el estado de Chiapas. "Están dando un mal ejemplo quienes deberían de impartir justicia; se equivocaron, porque no están entendiendo la nueva realidad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".
Claro que López Obrador no puede sentirse sorprendido de que, en primero lugar, miles de trabajadores hayan protestado su intención de recortarles el salario, y, segundo, de que la Suprema Corte recibiera amparos y aceptara a trámite una acción de inconstitucionalidad.
Su misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y exministra de la Suprema Corte había ya advertido que la medida desataría ese tipo de acciones legales en contra de la política del gobierno por bajar el sueldo de algunos funcionarios gubernamentales.
"Podría venirse una cantidad de amparos. . . y a lo mejor procedentes", dijo Sánchez Cordero a mediados de julio en una entrevista radiofónica con el conductor Ciro Gómez Leyva, en una de las estaciones de la empresa Grupo Fórmula.
De cualquier manera, miembros del PRI aplaudieron la decisión de la Suprema Corte de Justicia ya que con ella se busca proteger los derechos de los servidores públicos de un posible abuso de autoridad por parte del poder ejecutivo.
"Los priistas reconocemos la resolución de la @SCJN porque pone a salvo los derechos de los servidores públicos, evita la invasión de atribuciones entre los poderes de la unión y garantiza para todos los mexicanos la preservación del Estado de Derecho", escribió el PRI, en su cuenta de la red social de Twitter.
Por su parte, algunos de los legisladores afines a López Obrador y miembros de su
partido, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mostraron su descontento con la resolución de la Suprema Corte y agregaron que seguirán haciendo reformas para reducir los salarios de los altos funcionarios del gobierno.
"Va a haber mucha resistencia de quienes no quieren perder privilegios. Pero vamos a seguir haciendo reformas para disminuir los sueldos de los altos mandos y elevar los sueldos de los de abajo", escribió Martí Batres, miembro de Morena y presidente de la Cámara de Senadores, en su cuenta de la red social Twitter.
Algunos aliados de López Obrador llegaron incluso más lejos al decir, sin pruebas, que la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores de oposición fue elaborada por algunos ministros de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Confirmado: la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones (que establece que ningún servidor público gane más que el #PresidenteDeMéxico) fue elaborada, redactada y cabildeada por ministros de la @SCJN", dijo Ricardo Monreal, senador de Morena y coordinador de la bancada de ese partido en ese recinto legislativo, en la misma red social. "Jueces y parte. Insólito. ¿Alguien duda cómo resolverán?".
Esta no es obviamente la primera vez que la Suprema Corte de Justicia frena la aplicación de una ley gubernamental. A finales de noviembre declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que promulgó el expresidente Enrique Peña Nieto y mediante la cual el exmandatario buscaba crear un marco legal para regular la actuación de las fuerzas armadas cuando realizaran tareas de seguridad pública.
Aún no es claro cuál será el impacto de la decisión de la Suprema en el presupuesto para 2019, el cual será enviado al Congreso el 15 de diciembre, pues aparentemente ya contemplaba el recorte en los salarios de los altos funcionarios.
(Retransmite la historia publicada el 7 de diciembre de 2018)
Infosel, diciembre. 7.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal de México, dio un revés a las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador por reducir los salarios de los altos funcionarios de la administración pública, así como de los servidores públicos de otros poderes.
El retroceso lo dio el Máximo Tribunal al admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de partidos de oposición, encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que aprobó el Congreso y con la que la nueva administración intentaba reducir los sueldos de decenas de miles de servidores públicos.
La ley entró en vigor el pasado 5 de noviembre luego de su aprobación en el Congreso de la Unión, aunque su futura aplicación está ahora en manos de los ministros que conforman la Suprema Corte, quienes determinarán si las medidas de recorte salarial que impone esa ley violan o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Ahora, los ministros tendrán que ver si [la nueva ley] está apegada a la Constitución, sobre todo los términos de su aplicación", dijo Miguel Carbonel, un abogado constitucionalista en el programa de televisión La Hora de Opinar, transmitido por la televisora Grupo Televisa (MX:TLVACPO).
En esencia, con la nueva ley, el gobierno de López Obrador, que cuenta con mayorías simples en la Cámara de Diputados y Senadores, busca reglamentar el artículo 127 constitucional, que indica que nadie en todo el Estado mexicano puede ganar más que el presidente de la república.
A esa restricción constitucional, que ahora reglamenta la nueva ley, hay que añadir que el presidente López Obrador, a manera de demostrar que gobernará con el ejemplo, decidió hace poco más de una semana bajarse en 40% su salario.
Así, mientras que su predecesor ganaba cerca de 180 mil pesos al mes, López Obrador optó por recibir 108 mil pesos mensuales brutos, una cantidad que es ahora inferior al sueldo que reciben miles de servidores públicos y para quienes la entrada en vigor de la nueva ley representaría un recorte a su ingreso mensual.
De ahí que frente a la publicación de la nueva ley, miles de servidores públicos, principalmente empleados del poder judicial a quienes el artículo 94 constitucional protege de recortes salariales durante sus encargos, hayan buscado ampararse frente a esa nueva legislación.
De acuerdo con el reporte más reciente por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la entidad que regula el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, los tribunales mexicanos han recibido hasta ahora dos mil 835 amparos, de los cuales 331 corresponden a jueces, 366 a magistrados, mil 37 a secretarios, 215 a actuarios, 514 a oficiales y 125 externos.
Claro que ante la decisión que tomó el ministro Alberto Pérez Dayán del trámite de la acción de inconstitucionalidad de la CNDH y de los senadores de oposición, esos reclamos, o amparos, contra la ley que han llegado al Poder Judicial de la Federación esperarán para conocer el fallo del Máximo Tribunal en torno a si la nueva ley viola o no la Constitución.
"Si la Corte resuelve por mayoría de ocho votos que es inconstitucional la ley, la ley queda completamente derogada", agregó Carbonel en su plática con el analista político Leo Zuckerman.
Mientras el Máximo Tribunal estudia a fondo el asunto, el gobierno de López Obrador no podrá aplicar los recortes salariales que planeaba a los salarios de miles de trabajadores estatales a partir del próximo año.
"Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia", dijo el acuerdo del ministro Pérez Dayán.
Tras conocer la decisión de la Suprema Corte, López Obrador dijo que su gobierno será respetuoso de la decisión que tomen los ministros pero no dejó de criticar que hayan iniciado el juicio de inconstitucionalidad contra la ley por considerar que los jueces deberían respaldar el esfuerzo de su gobierno por imponer austeridad al accionar gubernamental.
"No es posible que haya funcionarios públicos ricos en el país, habiendo tanta pobreza; que ganen 600 mil pesos mensuales, es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad", dijo López Obrador, en entrevista con reporteros durante una gira de trabajo por el estado de Chiapas. "Están dando un mal ejemplo quienes deberían de impartir justicia; se equivocaron, porque no están entendiendo la nueva realidad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".
Claro que López Obrador no puede sentirse sorprendido de que, en primero lugar, miles de trabajadores hayan protestado su intención de recortarles el salario, y, segundo, de que la Suprema Corte recibiera amparos y aceptara a trámite una acción de inconstitucionalidad.
Su misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y exministra de la Suprema Corte había ya advertido que la medida desataría ese tipo de acciones legales en contra de la política del gobierno por bajar el sueldo de algunos funcionarios gubernamentales.
"Podría venirse una cantidad de amparos. . . y a lo mejor procedentes", dijo Sánchez Cordero a mediados de julio en una entrevista radiofónica con el conductor Ciro Gómez Leyva, en una de las estaciones de la empresa Grupo Fórmula.
De cualquier manera, miembros del PRI aplaudieron la decisión de la Suprema Corte de Justicia ya que con ella se busca proteger los derechos de los servidores públicos de un posible abuso de autoridad por parte del poder ejecutivo.
"Los priistas reconocemos la resolución de la @SCJN porque pone a salvo los derechos de los servidores públicos, evita la invasión de atribuciones entre los poderes de la unión y garantiza para todos los mexicanos la preservación del Estado de Derecho", escribió el PRI, en su cuenta de la red social de Twitter.
Por su parte, algunos de los legisladores afines a López Obrador y miembros de su
partido, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mostraron su descontento con la resolución de la Suprema Corte y agregaron que seguirán haciendo reformas para reducir los salarios de los altos funcionarios del gobierno.
"Va a haber mucha resistencia de quienes no quieren perder privilegios. Pero vamos a seguir haciendo reformas para disminuir los sueldos de los altos mandos y elevar los sueldos de los de abajo", escribió Martí Batres, miembro de Morena y presidente de la Cámara de Senadores, en su cuenta de la red social Twitter.
Algunos aliados de López Obrador llegaron incluso más lejos al decir, sin pruebas, que la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores de oposición fue elaborada por algunos ministros de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Confirmado: la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones (que establece que ningún servidor público gane más que el #PresidenteDeMéxico) fue elaborada, redactada y cabildeada por ministros de la @SCJN", dijo Ricardo Monreal, senador de Morena y coordinador de la bancada de ese partido en ese recinto legislativo, en la misma red social. "Jueces y parte. Insólito. ¿Alguien duda cómo resolverán?".
Esta no es obviamente la primera vez que la Suprema Corte de Justicia frena la aplicación de una ley gubernamental. A finales de noviembre declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que promulgó el expresidente Enrique Peña Nieto y mediante la cual el exmandatario buscaba crear un marco legal para regular la actuación de las fuerzas armadas cuando realizaran tareas de seguridad pública.
Aún no es claro cuál será el impacto de la decisión de la Suprema en el presupuesto para 2019, el cual será enviado al Congreso el 15 de diciembre, pues aparentemente ya contemplaba el recorte en los salarios de los altos funcionarios.