por Adrian Estañol Casáis
Infosel, diciembre. 5.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad para invalidar algunos de las reformas legales avaladas por el Congreso para tipificar como delitos grave la evasión fiscal y la emisión de facturas falsas, conocida como ley antifactureras.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por Luis Raúl González Pérez, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, antes de dejar su cargo en noviembre de este año.
El objetivo de esta impugnación es revertir la prisión preventiva oficiosa dictada por la nueva ley en casos de defraudación fiscal y expedición o venta de facturas falsas, así como el considerar el fraude fiscal como amenaza a la seguridad nacional.
"Se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia", señaló la resolución del pleno del Máximo Tribunal del país, en la acción 130/2019 publicada en la lista de acuerdos.
La aprobación de la ley antifacturera en octubre provocó el descontento entre la cúpula empresarial, que, incluso, calificó estas enmiendas legales como "terrorismo fiscal" al señalar que abre la puerta a que se persiga a cualquier empresa, de manera discrecional, por un error.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado que la ley ayudará a procesar a empresas que emiten facturas falsas para reducir obligaciones fiscales.
En el recurso legal turnado el 21 de noviembre, González Pérez impugnó algunos de los artículos modificados en la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación. Estos cambios y adiciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2019, por lo que son vigentes.
El ministro José Fernando Franco González Salas, al dar entrada al recurso legal, dio 15 días hábiles al Congreso para que presente un informe sobre los antecedentes legislativos de las normas impugnadas. También, solicitó que el Poder Ejecutivo envíe una copia certificada del Diario Oficial de la Federación en donde fueron publicadas las reformas.
